Asimismo, SEPAR señala que "no es justo que la industria tabaquera haga uso de su ingentes beneficios para deorientar a la opinión pública sobre los riesgos que entraña el humo del tabaco en el ambiente".

Según el doctor Carlos A.Jiménez Ruiz, miembro del área de tabaquismo de la SEPAR, "los argumentos esgrimidos en las campañas publicitarias son parciales, es decir, acientíficos".

En consecuencia, esta sociedad científica cree que se deberían dar los pasos precisos para obligar a las compañías tabaqueras a que destinen un porcentaje de su beneficio a financiar la lucha contra este hábito.

El docto Jiménez sostiene que las razones para demandar esta medida son dos: "la primera, porque son ellas quienes se están lucrando con la situación; y la segunda, porque si se tiene en cuenta que el tabaco es una droga, al fumardor hay que considerarle más como víctima que como alguien que voluntariamente consume cigarrillos".

SEPAR asegura que esta idea no es nueva, sino que en EE.UU. ya hay una compañía, el grupo Ligget, que desde el mes de marzo de 1999 se ha comprometido a aportar el 5% de sus beneficio para este fin. Tal iniciativa se produjo después de que 60 despachos de abogados canalizaran una querella de miles de ciudadanos norteamericanos que se consideraban a sí mismos "dependientes" de la nicotina.

El doctor Jiménez asegura que en nuestro país estás decisiones "hay que tomarlas de arriba a abajo", esto es, desde la Administración, y sostiene que "razones no iban a faltar: cada cigarrillo se calcula que supone 6 pesetas de coste a la Sanidad Pública en gastos derivados de enefrmedades relacinadas directamenet con eñ consumo de tabaco".