Cemudis expresó su “profunda preocupación” ante recientes hechos que, a su juicio, evidencian la persistencia de "prejuicios machistas y capacitistas" en el ámbito judicial y en espacios vinculados al ejercicio del derecho.

La organización advirtió de que "más del 65 % de las mujeres con discapacidad en España ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que, además, tienen cuatro veces más riesgo de sufrir violencia sexual", lo que confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una realidad estructural que "exige una respuesta institucional firme".

Cemudis señaló que en los últimos días se han producido situaciones que reflejan esta problemática, según esta entidad. Por un lado, la Fiscalía solicitó dos años de prisión para un comunicador por realizar manifestaciones públicas denigrantes hacia una mujer con discapacidad. Por otro, en un acto formativo del Colegio de la Abogacía de Madrid, un magistrado (titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid) "realizó declaraciones que reproducen estereotipos machistas", al afirmar que las mujeres pueden obtener “ventajas” al denunciar y poner en duda su credibilidad.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

A juicio de esta confederación, estos hechos no son aislados, sino manifestaciones de una violencia institucional que se alimenta de un sistema patriarcal que “cuestiona, deslegitima y revictimiza a las mujeres”. Además, advirtió de que este tipo de discursos "incrementa el riesgo de que las mujeres que sufren violencia desistan de denunciar, perpetuando así la situación de desigualdad y vulneración de derechos".

Cemudis subrayó que el problema no reside únicamente en la existencia de opiniones machistas o capacitistas, sino en su normalización dentro de instituciones que deberían garantizar la protección de las víctimas. En este sentido, alertó de que los prejuicios "siguen condicionando la respuesta institucional", especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad, al dificultar el acceso y el ejercicio real de sus derechos.

DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

La entidad consideró “especialmente preocupante” que estos discursos se produzcan en espacios de formación jurídica y desde posiciones de poder dentro del sistema judicial, ya que, a su entender, refuerzan las desigualdades estructurales y erosionan la confianza en las instituciones.

Por ello, reclamó una "justicia libre de prejuicios" y exigió la implantación de formación obligatoria, especializada y continua en género y discapacidad para todos los operadores jurídicos, así como una actuación firme de las instituciones ante conductas y manifestaciones que vulneren la dignidad de las víctimas.

Asimismo, recordó que la Constitución española, tras la reforma de su artículo 49, reconoce la necesidad de una protección específica de los derechos de las personas con discapacidad, junto con el resto del ordenamiento jurídico. Sin embargo, incidió en que esta protección debe hacerse efectiva en la práctica cotidiana de los tribunales y de los órganos con capacidad de decisión. “No basta con proclamar la igualdad: es imprescindible garantizarla desde una justicia accesible, sin sesgos y con perspectiva de derechos humanos”, concluyó Cemudis.