La ministra, quien se reunió este miércoles con los sindicatos CCOO y UGT y las principales patronales de construcción (APCE,CNC y Seopan) indicó que las principales líneas de Plan pasan por un incremento de la oferta de vivienda protegida tanto social como asequible y el fomento de la rehabilitación. También se consideran necesarias la regeneración y renovación urbana y rural y la financiación de ayudas para reducir la tasa de esfuerzo de los hogares para el pago de la vivienda en régimen de alquiler, así como medidas para facilitar la emancipación de las personas jóvenes.

Para ello, el plan se dota con un presupuesto de hasta los 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportaría el 60%, 4.200 millones de euros, y las comunidades autónomas el 40%, 2.800 millones de euros.

"Valoramos de manera positiva la mayoría de las líneas de actuación y contenido del plan, dado que recoge muchas de nuestras aportaciones/alegaciones que hicimos durante la consulta pública previa al proyecto de real decreto", indicaron los sindicatos que valoran el incremento presupuestario, aunque creen que "aún es insuficiente".

MEDIDAS POSITIVAS

También destacan la cláusula que impide a las comunidades autónomas desclasificar las viviendas construidas con los fondos del plan, la obligatoriedad de la cofinanciación de las actuaciones y el mandato de compartir datos e información para poder realizar un seguimiento y evaluación del desarrollo del plan.

Otros aspectos que valoran de manera positiva es el haber incrementado los ingresos que pueden percibir anualmente las unidades de convivencia (hogares), se pasa 3,4 a 5 veces el IPREM, lo que significa pasar de 25.200 euros anuales a 42.000 euros, pudiendo llegar en ciertos colectivos -familias numerosas o personas con discapacidad- hasta los 50.400 euros.

"Esto supone que se amplían en un 33% los posibles hogares beneficiarios de las ayudas, así como la ampliación del límite de renta de los alquileres de vivienda y habitaciones que pueden solicitar las ayudas pasando de los 600 a 1.000 euros en el caso de las viviendas y de los 300 a 600 euros en el caso de las habitaciones", celebraron ambos sindicatos.

Asimismo, valoraron positivamente que, en el programa de captación o cesión de vivienda vacía, se aumente el presupuesto hasta los 20.000 euros por vivienda.

DÉFICITS DEL PROYECTO

Entre los principales déficits, además del presupuestario, los sindicatos afirmaron que echan en falta medidas específicas para los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda. "Este se ha convertido en un fenómeno transversal que no entiende de edades, por ello creemos que se deberían ampliar los colectivos teniendo en cuenta, sobre todo, las rentas disponibles", indicaron ambos sindicatos.

También lamentaron que parte de las ayudas al alquiler anunciadas, lejos de favorecer el acceso a la vivienda de la población joven, pueden tener el efecto contrario si acaban trasladándose íntegramente al precio final, como habitualmente ocurre con la implementación de políticas de este tipo. "Es importante modificar aspectos de las ayudas para conseguir el propósito de facilitar la emancipación juvenil que actualmente está en 30,4 años de edad", indicaron ambas organizaciones.

Asimismo, indicaron que las medidas para intentar rehabilitar los entornos rurales son "insuficientes" y "poco efectivas si no van acompañadas de otras políticas relacionadas con el empleo, la movilidad laboral, el acceso a los servicios públicos básicos como la educación, sanidad o transporte".

Por último, señalaron que, aunque no sea totalmente objeto del plan, es "imprescindible" continuar legislando, regulando y limitando el uso de viviendas temporales y turísticas.