Esta situación indica que existe “un importante margen de mejora” en el reconocimiento de la “especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad en las políticas climáticas”, así como en el diseño de actuaciones y medidas inclusivas.

Así se recoge en un estudio sobre el impacto del cambio climático sobre las personas con discapacidad que preparan el Grupo Social ONCE y el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y que verá la luz a mediados de 2026.

La COP30 concluyó pasado 22 de noviembre con un texto principal -denominado ‘Decisión Mutirão: unir a la humanidad en una movilización mundial contra el cambio climático’- que omite cualquier mención directa a poner en marcha una hoja de ruta de abandono de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), causa principal de la crisis climática y asunto central de discusiones entre los delegados de casi 200 países durante casi dos semanas.

“Ha concluido en Brasil la COP30 sobre cambio climático. Han sido muchos los debates y continuarán las reflexiones en los próximos días, pero un aspecto claro puede resaltarse: es urgente y necesario reforzar la dimensión social en las políticas climáticas, y tener un foco especial en los colectivos más vulnerables”, según el Grupo Social ONCE y el Cermi.

“NECESARIA IMPLICACIÓN”

Ambas organizaciones apuntan que las personas con discapacidad (4,3 millones en España y más de 1.300 millones en el mundo) se enfrentan a “riesgos desproporcionados ante fenómenos extremos”, pero “esta realidad sigue siendo poco visible en la agenda climática global y nacional, lo que plantea un reto de justicia social y derechos humanos”. “El cambio climático impacta de manera diferencial en las personas con discapacidad”, sentencian.

Ambas organizaciones subrayan “la necesaria implicación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la toma de decisiones relacionadas con el clima en la agenda internacional”.

En la COP30, las organizaciones representativas de personas con discapacidad siguieron reclamando un reconocimiento oficial que las habría permitido tener voz y participar en las negociaciones climáticas.

DESIGUALDADES EN ESPAÑA

El estudio señala que, en España, un 6,2% de las personas con discapacidad viven en infraviviendas o viviendas con deficiencias graves (frente al 2,5% de la población general) y un 24,3% no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada en invierno (15,6%).

Además, un 44,9% de los hogares con algún miembro con discapacidad disponen de aire acondicionado (52,8% en hogares sin personas con discapacidad). En el caso de la calefacción, los porcentajes son del 64,2% y 75,1% respectivamente.

Igualmente, el 65,5% de hogares con personas con discapacidad tiene acceso a Internet (86,8% de la población general) y el salario medio anual es un 18,7%. Un 31% de las personas con discapacidad se sitúa por debajo del umbral de la pobreza y/o la exclusión (22,7% entre quienes no tienen discapacidad). Y el 50,6% de las personas con discapacidad experimenta sentimientos de soledad no deseada, respecto a un 15,8% en la población sin discapacidad.

“Las desigualdades estructurales que señalan estos indicadores en ámbitos como la vivienda, salud o ingresos, entre otros, plantean una vulnerabilidad más elevada de las personas con discapacidad frente al cambio climático, dado que sufren una mayor exposición a los riesgos climáticos y cuentan con una capacidad de respuesta y adaptación más limitada”, afirman el Grupo Social ONCE y el Cermi.

Por otra parte, el estudio subraya la falta de protocolos inclusivos y accesibles en alerta, evacuación y apoyos durante episodios meteorológicos extremos, con barreras informativas y tecnológicas importantes, contribuye a limitar en gran medida la capacidad de adaptación de las personas con discapacidad.

“En un país como España, altamente expuesto al cambio climático, con las olas de calor y las lluvias torrenciales como dos de los principales riesgos, esta situación genera una brecha sistemática de protección para las personas con discapacidad”, apostillan.

DANA

Los episodios de calor extremo se incrementaron este año en un 73% respecto a 2024. Según Human Rights Watch, las personas con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental tienen más probabilidades de fallecer producto de olas de calor, tanto por problemas para regular la temperatura como por dificultades para afrontar la emergencia.

En cuanto a las lluvias torrenciales, se ha calculado que la dana que tuvo lugar en Valencia en octubre de 2024 impactó en 1.625 personas con discapacidad asociadas a entidades del Cermi en la Comunidad Valenciana, además de a 32 centros residenciales y 26 centros especiales de empleo.

Por otra parte, el estudio apuesta por incorporar la variable de discapacidad en los sistemas de información climática, sanitaria y social para identificar los impactos diferenciales del cambio climático en ese sector de la población y “avanzar en una adaptación realmente inclusiva”.

Un ejemplo significativo es el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III, que estima las muertes atribuibles al exceso de temperatura y que, por el momento, no desagrega información que permita conocer cuántas de esas muertes corresponden a personas con discapacidad. “El déficit estadístico resulta crítico para la formulación de políticas adaptativas inclusivas”, apunta.

AVANCES INSUFICIENTES

Por otro lado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc 2021-2030) promueve una adaptación justa que tenga en cuenta factores sociales como la salud, la discapacidad, la pobreza o la edad.

Asimismo, la Oficina Española de Cambio Climático ha avanzado en poner foco a la realidad de grupos vulnerables, el informe de Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático en España no menciona a las personas con discapacidad de manera específica.

En este sentido, el Grupo Social ONCE y el Cermi consideran “indispensable” que iniciativas como el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que actualmente está impulsando el Gobierno, así como otras políticas públicas en este ámbito, incorporen las perspectivas de las personas con discapacidad para garantizar una transición no solo justa sino también inclusiva.

“Para ello es necesario involucrar de manera directa a las organizaciones representativas de personas con discapacidad”, concluyen.