En un balance sobre este proceso, esta organización añade que de esa cifra se desprende que "va a seguir en situación irregular tanta gente como la que se ha regularizado" (unos 700.000 según el Gobierno) y que "la irregularidad que queda es la mayor que nunca ha habido después de un proceso de regularización".

"Este proceso, a pesar de regularizar a muchas personas, ha dejado a demasiadas en situación irregular. Este proceso de normalización y su consecuencia de regularización, no acaba con la irregularidad. Ni siquiera la hace pasar a un segundo plano siquiera por un tiempo", afirma el citado balance.

Además, SOS Racismo critica la actiud de los sindicatos en este proceso. "Dicen prácticamente lo mismo que el Gobierno con el mismo énfasis y con mismo grado de unilateralidad. Hay veces que es difícil distinguir quién es quién".

Asimismo, esta organización recordó los problemas de esta iniciativa: "proceso de normalización puesto en manos de la patronal", "subordinación geográfica y profesional grande del inmigrante hacia el empresario", "el requisito del empadronamiento" e "instrucciones contradictorias sobre el empadronamiento por omisión".

Finalmente, SOS Racismo señala que acabado este proceso a los inmigrantes les espera la aplicación de la Ley de Extranjería y su Reglamento, una legislación que, a su juicio, "no a servir para absorber la bolsa de irregularidad y que generará nueva irregularidad".

"Es muy probable que de aquí a cuatro o cinco años estemos hablando de nuevo de procesos de regularización especial. Mientras tanto se habrá acumulado un enorme sufrimiento humano y graves discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos", concluye el balance.