Son dos de las medidas incluidas en el documento dedicado a la juventud del programa preliminar de Sumar, cuyas casi mil páginas repartidas en 35 materias se publicaron el jueves pasado en la web ‘participa.sumarfuturo.info’ para que los inscritos en la asociación hagan aportaciones hasta junio y al final del verano se voten y se condense el “proyecto de país” definitivo.

“Hay estudios que muestran que bajar la edad de voto a los 16 años es una herramienta que facilita el aumento de las tasas de participación en el futuro. En este sentido, una propuesta sería comenzar con esta medida en las elecciones europeas y/o municipales”, apunta el documento.

“Por otro lado, debemos garantizar narrativas políticas e ilusionantes sobre futuros deseables, por ejemplo, trasladando el discurso y la estrategia de comunicación política institucional a aquellas plataformas y espacios digitales donde predomina la juventud como, por ejemplo, Tik Tok [sic]”, reflexiona.

En otro punto, el grupo de trabajo de Juventud de Sumar extiende su deseo de implicar a los jóvenes al ámbito del trabajo: “Necesitamos una juventud trabajadora con mayores niveles de afiliación sindical”. Y en uno más, sugiere nada menos que reconocer en un nuevo artículo 49 de la Constitución (que relegaría al 50 el referido a las personas con discapacidad) “el papel esencial que las asociaciones juveniles tienen para nuestras democracias”. “Para poder luchar contra la desafección política, se propone fomentar las políticas de participación juvenil desde edades tempranas, acompañadas de la creación de los consejos de infancia y refuerzo de los consejos de la juventud”, añade.

EDUCACIÓN

En materia educativa, el mismo texto aboga por “la eliminación progresiva por ciclos de la repetición escolar, con un incremento paralelo de los recursos a la atención a la diversidad y apoyo educativo, con el ahorro derivado de eliminar la repetición”. También propone, entre otras cosas, que los libros de texto sean gratuitos en educación primaria y secundaria.

Por su parte, el grupo de Educación, distinto del de Juventud, propone conceder ayudas para acceder al comedor y a las actividades extraescolares en todos los ciclos formativos, y sugiere “eliminar los requisitos y criterios académicos en la obtención y reparto de becas para incluir los criterios socioeconómicos”. También pide destinar a educación un 7% del PIB para universalizarla hasta los 18 años y que el 90% de los niños se matricule en centros públicos, una ratio de 20 alumnos por aula y sacar cualquier religión del horario lectivo.

Por lo que respecta al intento de movilizar políticamente a la juventud, el programa es coherente con lo que dispone otro grupo de trabajo, el de Calidad Democrática, que se propone implicar a toda la población, por ejemplo, con “asambleas ciudadanas” formadas por sorteo y “consultas populares no vinculantes que permitan hacer oír la voz ciudadana en asuntos relevantes y divisivos”.

Otra propuesta es rebajar las 500.000 firmas necesarias para registrar una iniciativa legislativa popular y eliminando la prohibición constitucional de que las manifestaciones ciudadanas hagan entrega en mano de sus peticiones al Congreso. En esa línea, este grupo también recomienda “reformar el reglamento del Congreso para que la Mesa no disponga de tanto poder sobre la agenda política, pudiendo en la actualidad bloquear indefinidamente las iniciativas parlamentarias”.