En un auto fechado el pasado 12 de diciembre, el tribunal ordena, además, da traslado a la Fiscalía General del Estado de esta decisión “a los efectos oportunos”. Tras esta orden García Ortiz tendrá que ingresar las cantidades fijadas como multa y la indemnización en la cuenta de depósitos y consignaciones del alto tribunal.

El Supremo libra, además, “copia de la presente resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, a los efectos oportunos”. García Ortiz renunció el pasado 24 de noviembre al cargo de fiscal general tras conocer el fallo del tribunal.

Ahora deberá ser la Inspección Fiscal la que determine las consecuencias de ese fallo en la situación de García Ortiz como fiscal. Al ser nombrado fiscal general pasó a estar en situación de “servicios especiales”, por lo que deberá solicitar el reingreso en la carrera fiscal. Su situación puede ser complicada por que el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que puede ser expulsado cuando el afectado sea objeto de una condena a “inhabilitación para cargos públicos”.

Pese a ello, el Supremo establecía expresamente en su sentencia que la inhabilitación a la que lo condenaba se extendía únicamente al cargo de fiscal general del Estado, advirtiendo de que sería “excesiva su proyección a otros”, lo que deja la puerta abierta a su continuidad como fiscal, por lo que su futuro depende la Inspección Fiscal.