En su auto de admisión de competencia, que cuenta con un informe de la Fiscalía favorable a investigar estos hechos, Tardón indica que la utilización de flujos migratorios es uno más de los métodos utilizados en las actuaciones de "guerra híbrida" o "zona gris" en las que se pueden producir ataques a los Estados.

Según la instructora, los hechos investigados son competencia de la Audiencia Nacional al poderse haber cometido delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

La magistrada sostiene que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución. Para ello se habría utilizado la entrada masiva en el país, a la que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta.

"DESESTABILIZACIÓN"

El auto recoge el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) sobre el desarrollo de los acontecimientos, que descarta actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea y describe un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal. En la fase previa hubo un aumento sostenido de las entradas y las redes sociales resultaron decisivas para propagar el llamamiento.

La resolución subraya que el Cenif ya emitió el 29 de julio "una primera alerta de riesgo de entrada masiva" para los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, con previsión de "un riesgo extremo" ante un escenario de entradas a nado combinadas con saltos coordinados a la valla. La movilización posterior reveló oleadas de distinta intensidad y perfil que colapsaron el sistema de control fronterizo español.

Tras la entrada masiva se produjeron, prosigue la juez, "diversos efectos posteriores de desestabilización en el sistema de capacidades de respuesta de España" que se proyectaron en la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa, además de consecuencias geopolíticas y de política interna amplificadas por episodios de desinformación y contranarrativa que siguen en evolución.

La magistrada describe un "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables" que integraban esas oleadas. Pese a sus circunstancias, se las condujo a lanzarse al mar sin preparación, con vestimentas inadecuadas que dificultaban sus movimientos en el agua y dotadas de elementos precarios de flotabilidad para afrontar el cruce hasta la costa española.

"GUIADO ACTIVO"

El auto da por acreditada "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", documentada con fotografías y vídeos del comportamiento de sus fuerzas de seguridad. Los días 30 y 31 de julio no hubo ninguna tentativa seria de dispersar a la masa de personas y el informe habla de un "guiado activo" que la instructora comparte, con policías uniformados indicando por dónde cruzar.

En un examen provisional, los hechos encajan en el delito que compromete la paz o la independencia del Estado del artículo 590.1 del Código Penal. Tardón aprecia intencionalidad de atentar contra el Estado, como señaló el presidente del Gobierno en su visita a Ceuta el 31 de julio, cuando definió lo ocurrido como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España". También apunta que debe investigarse si el flujo migratorio masivo sobre la ciudad autónoma fue un ataque de “guerra híbrida” o “zona gris”, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles.

Los hechos pueden constituir además un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexidad con homicidios imprudentes por los 83 fallecimientos acreditados por el momento en aguas españolas. Esas personas murieron por ahogamiento o aplastamiento tras ser incitadas a arrojarse al mar, entre ellas ancianos, familias con niños y bebés en brazos de sus padres.

La instructora sitúa también los hechos entre los delitos contra la forma de Gobierno y recuerda que encajan en la estrategia de seguridad nacional, que reclama especial atención para Ceuta y Melilla "para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos". Precisamente, concluye, porque pueden ser objeto de flujos migratorios irregulares para desestabilizar la seguridad nacional.

SECRETO PARCIAL

Respecto a la petición de la Fiscalía, la juez acuerda el secreto de las actuaciones solo de forma parcial, limitado a aquellas diligencias de investigación cuya ejecución exija evitar su conocimiento por las partes, con la excepción del Ministerio Público. Esas actuaciones se tramitarán al margen del procedimiento principal, según establece la resolución.

El informe policial identifica una estructura de al menos cinco niveles, desde la masa de personas que cruzó la frontera y los dinamizadores del mensaje en redes hasta los organizadores sobre el terreno, la planificación y la dirección del proceso. Esa distribución funcional de tareas y la capacidad de movilización acreditada justifican, "al menos indiciariamente", investigar una estructura criminal compleja.

La investigación abarcará toda participación susceptible de generar responsabilidad criminal, incluidas "todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva". El auto cita expresamente la articulación de medios de respuesta ante las alertas previas y la incidencia que esas actuaciones pudieron tener en los efectos finales de la avalancha.

La magistrada admite la personación de todos los denunciantes, salvo Se Acabó la Fiesta, siempre que presten antes una fianza de 6.000 euros. Les ordena agruparse bajo una sola representación y advierte de que, si no hay acuerdo, designará a Iustitia Europa por haber sido el primero en denunciar.