En su demanda, los diputados sostienen que los preceptos impugnados podrían vulnerar, entre otros, el principio de autonomía local, establecido en los artículos 137 y 140 de la Constitución. También alegan que podrían ser contrarios a las competencias estatales exclusivas en materia de bases de las obligaciones contractuales (artículo 149.1.18ª de la Constitución) y en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8ª de la Constitución).

Asimismo, los recurrentes plantean la posible vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales (art. 18.4 CE), del principio de retroactividad del artículo 9.3 CE y también del principio de reserva de ley del artículo 53.1 CE.