El nuevo reglamento de uso de la lengua de signos especifica que los teléfonos públicos de información a la ciudadanía y los de urgencias como los números 112, 062 y 091 deben garantizar el acceso universal mediante la lengua de signos. La norma indica que la Administración garantizará la accesibilidad de los servicios no presenciales (como los teléfonos) mediante sistemas de videointerpretación (artículo 14.3 del Real Decreto 674/2023). El reglamento entrará en vigor el 2 de enero de 2024.

Un servicio de videointepretación en lengua de signos es un sistema para que personas sordas se puedan comunicar con otras entidades a través de un intérprete. El usuario de este servicio se conecta por videollamada con el intérprete y, mediante este, se comunica con otra persona.

La Fundación CNSE, con apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la ONCE, ha creado un servicio de videointerpretación llamado SVIsual. “El servicio se creó en 2009 y ya ha recibido casi 1.400.000 llamadas”, explica la Fundación CNSE. Los datos del Instituto Nacional de Estadística ponen de manifiesto que hay 1,2 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva en España.

El sistema SVIsual permite a una persona con discapacidad auditiva contactar con un asistente de lengua de signos por videollamada y, a través de este, hablar con diferentes áreas de la Administración como el 112. El sistema se puede utilizar mediante una app en el móvil o desde la web a través de un ordenador que tenga webcam.

Infografía que explica el funcionamiento de SVisual | Imagen del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Cuando una persona llama a SVIsual, un videointérprete pedirá los datos de la persona o servicio con el que se quiere contactar. El videointérprete llamará al interlocutor (por ejemplo, los servicios de emergencia del 112) y empezará la comunicación. El servicio permite realizar llamadas, recibirlas y utilizar diferentes modalidades de comunicación, como chat, lengua de signos, signos y voz.

“Se adapta a la modalidad comunicativa que desee la persona sorda, siendo posible utilizarlo mediante lengua de signos”, según explica la Fundación CNSE. El servicio no supone ningún coste para el usuario y está activo 24 horas.

EMPUJE DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea también viene realizando un llamamiento constante y progresivo a sus Estados miembros para que garanticen la accesibilidad y la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los servicios de emergencia.

Esta solicitud histórica se ha materializado a lo largo del tiempo mediante diversas iniciativas y regulaciones, demostrando el compromiso de la UE con la igualdad y la no discriminación. Un hito importante en este proceso fue la Declaración escrita sobre la necesidad de accesibilidad al servicio de emergencias 112, que marcó un precedente al reconocer la importancia de que todas las personas, con independencia de su discapacidad, puedan acceder a los servicios de emergencia de manera efectiva y rápida.

Esta declaración sentó las bases para futuras acciones encaminadas a hacer realidad esta necesidad fundamental. La Directiva (UE) 2019/882 estableció que el servicio 112 debe ser accesible desde cualquier punto de la Unión Europea, lo que implica que también las personas sordas que comunican en lengua de signos deben poder acceder a los servicios de emergencia de manera efectiva y comprensible.

En el contexto estatal, esta demanda de accesibilidad al servicio 112 se ha materializado a través de la ley 11/2023, que ha transpuesto la Directiva (UE) 2019/882 a la legislación nacional. Esta ley garantiza que las personas sordas tengan la posibilidad de acceder a los servicios de emergencia utilizando la videointerpretación en lengua de signos.

Por otro lado, en la legislación autonómica destaca el Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía, así como toda aquella normativa de carácter transversal que se ha ido generando en estos años en las diversas autonomías donde se recoge la obligación de hacer accesibles los servicios públicos en lengua de signos.