Entre las “novedades más destacadas”, subrayó que se reconoce por primera vez a los servicios sociales como servicios esenciales, al considerarlos “imprescindibles” para garantizar las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad y el bienestar de la población, tal y como precisó en un comunicado.

Esta medida responde a una “reivindicación histórica” de la Plataforma del Tercer Sector, que, según recordó, ha defendido “durante años” la necesidad de “blindar” los servicios sociales como “pilar fundamental” del Estado del bienestar.

“Este reconocimiento supone un avance decisivo para garantizar la protección social de las personas en situación de vulnerabilidad. Es un paso que llevábamos mucho tiempo reclamando y que refuerza el papel de los servicios sociales como un derecho, no como una opción”, afirmó al respecto su presidente, Luciano Poyato.

Tras puntualizar que, además, la reforma también establece que esta consideración de esencialidad garantizará la atención a todas las personas en situaciones de emergencia, la plataforma resaltó que la ley también contempla que las ayudas de emergencia social, que gestionan los servicios sociales, quedarán excluidas del régimen general de subvenciones, lo que, a su entender, “permitirá una gestión más ágil y eficaz”.

Este texto normativo, impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una “activa participación”, según la plataforma, del sector social de la discapacidad articulado en torno al Cermi, una de sus entidades miembro, inicia ahora su trámite parlamentario y tendrá que ser aprobado por las Cortes Generales.