Lo hizo a través de un comunicado en el que atestiguó que “muchas entidades del Tercer Sector, especialmente aquellas que trabajan para defender los derechos de las personas con discapacidad, están recibiendo múltiples quejas y denuncias por la imposibilidad o la gran dificultad para ser atendidas en la Seguridad Social”.

La PTS hizo suya la postura del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) según la cual las quejas más reiteradas son el retraso de meses en la asignación de cita, “demoras intolerables” en gestiones obligatorias para acceder a prestaciones, “con riesgo de pérdida o retrasos inasumibles”, y el “sentimiento de abandono” por parte de la administración pública.

También deploró la “imposición” de la atención telemática, “sin tener en cuenta la capacidad económica, técnica o el acceso a medios digitales de las personas usuarias”.

Ante esta situación, la Plataforma del Tercer Sector exigió a Inclusión y al Gobierno en su conjunto que desarrollen “todas las iniciativas que sean precisas para poner solución al colapso de la Seguridad Social y que refuercen este servicio con los medios y recursos necesarios para la garantía de los derechos de ciudadanía”.