Lo hizo durante su reunión con representantes de la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias Plena inclusión Castilla-La Mancha para reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación inclusiva.

Al encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, acudieron el presidente y el gerente de la organización autonómica, Paco Serrano y Daniel Collado, respectivamente, junto al delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, y Enrique Galván e Inés de Araoz, director gerente y responsable de asuntos jurídicos de la entidad nacional, Plena inclusión España, que ya reúne a 950 entidades asociadas y da apoyo a más de 150.000 personas, según precisó el gabinete de Tolón en un comunicado emitido al término de dicha reunión.

En paralelo, indicó que su “misión” es contribuir, desde un “compromiso ético”, con “apoyos y oportunidades”, a que cada ciudadano con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan llevar a cabo su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión ciudadana “de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria”.

La ministra les trasladó la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, que su departamento consideró una “hoja de ruta” con “un marco común” para garantizar el derecho de todo el alumnado a una educación “inclusiva, equitativa y de calidad”.

BARRERAS

“Tiene como finalidad identificar y eliminar las barreras que dificultan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes, con independencia de sus circunstancias personales, familiares o sociales”, abundó.

Junto a ello, señaló que se basa en lo establecido en la Lomloe, que encomienda al Gobierno que, en colaboración con las administraciones educativas, desarrolle un plan para que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para “poder atender en las mejores condiciones a su alumnado”.