Así lo explicó Pérez Rey en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a todo el año 2025, donde insistió en el compromiso del Gobierno de que el SMI subirá con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, incluso si la negociación con los agentes sociales se “alarga”, aunque expresó su deseo de que esto no suceda.

“Espero que la patronal, de alguna manera, rompa su dinámica de situarse extramuros del diálogo social y pueda llegar a un acuerdo sobre la subida del SMI”, imploró Pérez Rey, quien subrayó que los sindicatos “demostraron su predisposición a alcanzar un acuerdo” en la última reunión, antes de las navidades. Sin embargo, lamentó que la patronal “debe estar dispuesta a mover la cifra que ha puesto encima de la mesa”, en alusión del 1,5% sugerida por los empresarios. Esto contrasta con las cifras del comité de expertos, que plantearon un 3,1% si el SMI sigue exento de tributación y un 4,7% si comienza a pagar IRPF.

Para el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en Trabajo, “no parece de recibo sugerir una subida que ni siquiera colme la evolución de la inflación y que, por lo tanto, lleve a los perceptores de este salario a la pérdida de poder adquisitivo”.

No clarificó qué cifra de revalorización sugerirán en la mesa de este miércoles, pero sí indicó que se moverá en “los parámetros” propuestos por el comité de expertos, cuyo objetivo es que el SMI siga ligado al 60% del salario medio en España, compromiso del Gobierno que atribuye a los mandatos de la Carta Social Europea.

Por lo tanto, el secretario de Estado dijo que “habrá una subida, será retroactiva" y mostró su deseo de “iniciar el 2026 con un ciclo más positivo para el diálogo social con la patronal”.

También se refirió a otras materias abiertas en el Ministerio como la reforma del despido, mesa sobre la que lamentó que se haya “levantado” la patronal. No obstante, avisó de que se negociará con los sindicatos CCOO y UGT, igual que la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales, cuyo texto quiere tener pactado con los sindicatos antes de que acabe enero para iniciar después su tramitación como proyecto de ley.

En cuanto a la reducción de jornada de 37,5 a 40 horas semanales, que fracasó en septiembre en el Congreso por el voto en contra de PP, Junts y Vox, Pérez Rey aseguró que es “un objetivo clave de la legislatura” al que el Ministerio de Trabajo no renuncia, si bien precisó que la “prioridad” ahora es la reforma del registro horario, materia que sí puede aprobar el Gobierno sin pasar por el Parlamento.

“Es muy importante que en España mejoremos cómo se registra la jornada de trabajo en todas y cada una de las empresas, que lo hagamos por medios digitales, por medios indelebles, seguros, objetivos y que además permitan a la Inspección de Trabajo controlar adecuadamente el cumplimiento del tiempo de trabajo en nuestro país”, declaró.

Con esta medida, el secretario de Estado se mostró “convencido” de que se conseguirá “bajar” la jornada efectiva en España, donde hay un “fuerte nivel de incumplimiento”, con la realización de muchas horas extras sin remunerar.

“Vamos a centrar ahora nuestros esfuerzos en el registro horario, pero desde luego en el objetivo del Ministerio está volver a proponer al Parlamento una reducción de la jornada a las 37,5 horas”, resolvió Pérez Rey.