El programa incluye 67 nuevas actuaciones que se suman a las fiscalizaciones que están en curso a finales de este año. Entre las mismas, se pueden destacar 14 actuaciones directamente relacionadas con la ejecución de las grandes políticas públicas como educación, inmigración, vivienda, la protección contra la violencia machista, la gestión de desastres naturales y la gestión relativa a la red de transportes.

En relación con la inmigración, se analizarán las políticas de extranjería e inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las actuaciones del Ministerio del Interior en relación con la inmigración, la gestión de fronteras y la actividad de la Oficina de Asilo y Refugio para la protección de personas inmigrantes.

En relación con la vivienda se han programado actuaciones relativas al diseño y ejecución de esta política por los órganos competentes de la Administración General del Estado, la actividad de la SAREB (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) o la promoción y gestión de viviendas de protección pública en las comunidades autónomas.

En el ámbito de los transportes, se analizarán las actuaciones en materia de carreteras del Estado y las actuaciones sobre la red de titularidad estatal de los administradores de infraestructuras ferroviarias.

Además de lo anterior, hay que destacar otras ocho fiscalizaciones sobre políticas sociales, donde se analizarán la acción humanitaria establecida por el Gobierno, el Bono Cultural Joven, la actuación de las comunidades autónomas ante el acoso escolar, la asistencia en residencias para mayores y la atención de los municipios a las personas sin hogar.

Y un año más, el Programa Anual de 2026 vuelve a centrar el foco de atención sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), previendo 12 fiscalizaciones en los ámbitos estatal y local. Entre las novedades destacan las actuaciones sobre los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual, sobre subvenciones relativas a la teleasistencia para víctimas de violencia machista o para inserción laboral de mujeres explotadas sexualmente.

Otras 17 fiscalizaciones se dedicarán a la rendición de cuentas de los partidos políticos y los procesos electorales. Además, se realizarán 30 actuaciones para seguir la gestión pública de la contratación, las subvenciones o el endeudamiento de la Seguridad Social. También se fiscalizará al sector público estatal, autonómico y local, la prevención de desastres naturales, incendios o actuaciones para recuperar el Mar Menor.