La resolución, correspondiente a la Sentencia 292/2026 de 10 de marzo, anula parcialmente el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y limita la nulidad del Decreto 181/2017 a aspectos concretos, manteniendo la validez estructural del sistema de colaboración con entidades de iniciativa social.

En la práctica, el Alto Tribunal confirma el modelo valenciano de acción concertada, obligando únicamente a introducir “ajustes puntuales” en materia de publicidad de las convocatorias y en el criterio de implantación local de los operadores.

La sentencia, adoptada por unanimidad, refuerza elementos clave del sistema, como la duración de los conciertos y la indemnidad patrimonial, y rechaza aplicar de forma automática la normativa europea de contratación pública como criterio de invalidez del modelo.

El Cermi CV destacó que este fallo respalda “una interpretación de los servicios sociales centrada en su finalidad social, la continuidad asistencial y el papel de las entidades del tercer sector”, frente a una visión estrictamente mercantil.

Asimismo, la organización subrayó que la decisión judicial “tiene una relevancia especial” para el ámbito de la discapacidad, al proteger un modelo basado en la estabilidad de los apoyos, la especialización y la sostenibilidad económica de los servicios.

El presidente del Cermi CV, Luis Vañó, afirmó que la sentencia supone “un respaldo muy importante al papel de las entidades de iniciativa social” y advirtió de que en este procedimiento “estaba en juego la estabilidad jurídica de un instrumento esencial para garantizar derechos y servicios a las personas con discapacidad y sus familias”.

El Cermi CV destacó también que la doctrina fijada por el Tribunal Supremo “trasciende el ámbito autonómico” y puede “servir de referencia para otros modelos de colaboración público-social en el conjunto de España”.