Inmaculada Placencia explicó que Bruselas está analizando "acciones concretas" desde 2021, con una consulta abierta a organizaciones, agentes sociales y jóvenes para exponer los resultados y las propuestas en la conferencia que se celebrará el 4 y 5 de diciembre, en la que se abordará la Estrategia Europea de Discapacidad. "Necesitamos datos para emitir un informe con recomendaciones sólidas", afirmó y animó a todas las partes implicadas y a la sociedad en general a participar del proceso con sus propuestas e iniciativas.

El objetivo de las adiciones a la Estrategia es incluir nuevas actuaciones e iniciativas emblemáticas para cerrar brechas sin resolver, en particular en las áreas de empleo, accesibilidad y vida independiente.

Minutos antes, representantes de la Comisión Europea, del Gobierno de España, y de las embajadas en Madrid de Alemania y Francia coincidieron, en la jornada celebrada en la sede de la Comisión Europea en Madrid, en la necesidad de "acelerar las políticas públicas y las reformas legislativas que permitan mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad".

La mesa redonda centrada en las estrategias comparadas y los avances más significativos en el ámbito europeo se celebró en el marco de la Conferencia internacional con motivo de la 29ª Semana Europea por el Empleo de las Personas con Discapacidad. La jornada de trabajo contó además con el impulso del Ministerio de Derechos Sociales y la colaboración de Fundación Once.

NECESIDAD DE ASCENSORES SOCIALES

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco destacó que España trabaja no solo en el acceso al empleo, sino también en corregir "brechas salariales, salud laboral y progresión profesional". Martín recordó que la mejora del empleo para las personas con discapacidad es evidente, pues en los últimos años se ha pasado del 25 al 19 %, pero avisó de que aún persiste una brecha salarial del 15,2 %. El objetivo, señaló, es reforzar la autonomía económica del colectivo a través de "diagnósticos reales" y políticas que perfeccionen lo ya avanzado durante cuatro décadas. Martín insistió en la necesidad de "ascensores sociales" que permitan llegar a altos niveles de la administración, incluidas oposiciones del Estado, y proteger a los trabajadores con discapacidad frente a despidos discriminatorios.

Martín afirmó que el sistema de cuotas "chirría" por su incapacidad para modificar patrones reales de contratación. Avanzó que el término "especial" desaparecerá de la legislación y que los actuales centros pasarán a denominarse "empresas de inclusión laboral". Criticó la falta de foco de la inspección laboral en esta materia y mostró preocupación por el futuro del Fondo Social Europeo (FSE), "clave para la creación de empleo" y actualmente rodeado de "rumores inquietantes" sobre posibles cambios que perjudicarían al colectivo.

Durante la jornada se advirtió además sobre el riesgo de encadenar escuela especial, talleres especiales y exclusión y, para eliminar prejuicios, indicaron, se hace necesario apostar por una formación verdaderamente inclusiva desde la infancia.

Por otra parte, la experta Independiente del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Natalia Guala Beathyate, recordó que la Unión Europea ha ratificado las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“En ella se establece que la discapacidad es una condición y los Estados tienen que limitar las barreras que limitan la participación en el mercado de trabajo”, recordó, a la vez que incidió en el que el artículo 27 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás.

Este impulso, recordó la experta, se debe cumplir mediante el cumplimiento de "medidas afirmativas", que se pueden basar en la reserva de plazas, tanto en el sector público o en el sector privado, incentivos fiscales o el desarrollo de una legislación completa de no discriminación en el acceso al empleo.

Asimismo, Guala Beathyate denunció que "existe una brecha salarial evidente entre las personas con y sin discapacidad".

“A este respecto, existe un alto porcentaje de personas con discapacidad que no forman parte de la población activa”, señaló, a la vez que lamentó que "la incompatibilidad de recibir prestaciones de discapacidad con el empleo muchas veces limita la empleabilidad de este colectivo".

Por último, hizo un llamamiento a introducir mecanismos que introduzcan una mayor vigilancia en estas herramientas para que no se produzca de forma indirecta una "mayor discriminación hacia las personas con discapacidad".

COMBATIR PREJUICIOS

El comisionado federal para los Asuntos de las Personas con Discapacidad de Alemania, Jürgen Dusel, defendió que "democracia e inclusión son dos caras de la misma moneda". Recordó que Alemania cuenta con trece millones de personas con discapacidad y que la ley establece cuotas obligatorias en las empresas. Sin embargo, advirtió de la paradoja de que existan talleres especiales para personas con discapacidad que, pese a su función social, aún mantienen a 180.000 personas fuera del mercado laboral ordinario en ese país. Dusel consideró imprescindible "aprender unos de otros" para combatir prejuicios aún presentes en la contratación europea.

500 CENTRO DE EMPLEO ADAPTADO EN FRANCIA

Por parte de Francia, la consejera de Asuntos Sociales de la Embajada francesa en España, Audrey Lauze, expuso los avances de la segunda ley de discapacidad, cuyo objetivo central es garantizar la "integración plena" en el mercado laboral. Francia tiene 3,3 millones de trabajadores con estatuto de discapacidad reconocido y una obligación legal de contratación similar a España y Alemania, que obliga a cotizar a fondos específicos si no se alcanza la cuota. Lauze alertó de que en Francia "solo un tercio de las personas con discapacidad logra empleo en los seis meses posteriores a registrarse", y señaló la lucha contra la discriminación y el desconocimiento como “el principal reto” que Francia debe afrontar. Subrayó también que su país dispone de más de 500 centros de empleo adaptado, aunque la prioridad es avanzar hacia el "entorno ordinario" del mercado laboral.

MODELOS TRANSNACIONALES

En la parte final, Inmaculada Placencia retomó la palabra con una reflexión estratégica: pese a los esfuerzos, el nivel de empleo se mantiene estable y "no se avanza con la intensidad necesaria". Recordó que el 40 % de las personas con discapacidad "ni siquiera busca empleo" y que las condiciones del empleo protegido difieren ampliamente en Europa en función del país del que se trate.

"Es esencial profundizar en la transición hacia el mercado abierto y garantizar contratos equiparables para todos los trabajadores", afirmó, y reclamó para terminar "la necesidad de modelos innovadores y buenas prácticas transnacionales".