Estas manifestaciones fueron realizadas hoy a Servimedia por Teodoro Escorial, secretario confederal de UGT y responsable de Formación del sindicato. Explicó que este asunto viene derivado del proceso de transferencias que desde la Administración central se realiza a las comunidades autónomas para la gestión de la formación de los parados.

Criticó que la Generalitat de Catalunya sea una d las administraciones que sistemáticamente exige la transferencia de todos los fondos de la formación, tanto de los parados como de los ocupados, cuando permite que se produzcan casos como el de Pallerols, que, a su juicio, demuestran que "no es precisamente es un ejemplo de buena gestión la Administración autónomica en estos temas".

En este sentido, recordó que la Generalitat ha planteado incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional para gestionar los fondos de formación para los trabajadores oupados, y dijo que la Generalitat "debería ser un poco más modesta, menos pretenciosa, y no tratar de dar lecciones a todo el mundo, cuando precisamente su casa la tiene como la tiene".

Para Escorial, lo que hay que hacer es "crear elementos de gestión eficaces, con todos los mecanismos de control que sean necesarios, y evitar prácticas que se han demostrado que son de amiguismo político por parte de un partido político y que lo ha bendecido el presidente de la Generalitat".

Escorial dijo que Uni Democrática ha gestionado durante todos estos años, a través de la Consejería de Trabajo, todos los fondos de formación, y, por lo tanto, a su juicio, "no sólo es responsable Unió Democrática, sino el presidente de la Generalitat, que lo ha amparado o no ha combatido suficientemente estas prácticas".

Escorial urgió a la Generalitat de Catalunya a que clarifique la situación creada, y a que la Administración central colabore en esa clarificación, "porque si no, el Estado español y, por lo tanto, los prados, perderán miles de millones de pesetas que va a retener la Unión Europea de cofinanciación del Fondo Social Europeo".

Además, según Escorial, esto se ha debido a la nula o baja participación que la Generalitat da a los interlocutores sociales en las comisiones de seguimiento de los fondos que se transfieren.