El sindicato recuerda en un comunicado que la Ley y el Reglamento de Extranjería prevén que se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo social al trabajador extranjero que acredite la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.

Además, deberá reunir los requisitos de carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen, no tener prohibida la entrada en España ni en el espacio territorial de los estados miembros del Espacio Schengen, contar con un contrato de trabajo de duración no inferior a un año y acreditar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que acredite su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.

Por ello, según UGT, la Dirección General de Inmigración, previa consulta a la Federación Española de Municipios y Provincias, publicó el pasado mes de junio unas Instrucciones de desarrollo del artículo 45.2.b) del Reglamento, y el modelo de informe municipal de inserción social a emitir por los ayuntamientos.

UGT denuncia que, a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha ignorado las instrucciones y el informe, y, "en vez de dotarse de un servicio técnico 'ad hoc', imprescindible dado el volumen de trabajo, ha descargado esta tarea sobre los servicios sociales de base", que, a su juicio, no tienen recursos técnicos adecuados y en la mayoría de los casos no conocen a estos nuevos vecinos, por lo que difícilmente pueden informar sobre su inserción social.

UGT estima que cerca de 15.000 trabajadores extranjeros empadronados en la capital podrían acceder a la regularidad administrativa por arraigo social en los próximos doce meses; y cree que en la mayoría de los casos, el informe municipal de inserción social resultará imprescindible.

Por ello, exige al Ayuntamiento que inicie de forma inmediata un proceso de diálogo con la Delegación del Gobierno en Madrid para alcanzar un acuerdo de colaboración y "remover los obstáculos administrativos o de cualquier tipo que impiden la aplicación efectiva del 'arraigo social' entre los trabajadores extranjeros empadronados en Madrid".