La razón principal son sus inversiones financieras en actividades económicas altamente contaminantes y sus estilos de vida con elevadas emisiones (jets privados, yates…), según un informe de Greenpeace, titulado ‘La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema’.

El informe siguió un proceso de revisión por pares de un grupo de expertos y organizaciones que trabajan en finanzas climáticas, justicia fiscal, financiación para el desarrollo y política climática y se presentó este miércoles en Bonn (Alemania) durante las Reuniones Climáticas de Junio de la ONU, preludio de la 31ª Cumbre del Clima, conocida como COP31 y que se celebrará el próximo noviembre en Antalya (Turquía).

La ‘deuda climática’ expuesta en el informe equivaldría al sueldo acumulado de aproximadamente un millón de personas trabajadoras en España durante toda su vida laboral, a 105.000 conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid -con lleno absoluto- o a la financiación climática global necesaria para los países del Sur Global.

El informe define la ‘deuda climática’ como el coste económico de las emisiones en exceso de quienes han superado con creces el límite individual permitido para evitar que el planeta se caliente más de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales.

“CASI FISCALMENTE GRATIS”

El análisis, basado en datos y estudios existentes, rastrea la responsabilidad ecológica tanto del consumo directo como de las decisiones de inversión y la propiedad de capital de los sectores con mayores ingresos y riqueza cubiertos.

El aporte más novedoso del informe es mostrar que la deuda climática por propiedad de activos resulta incluso mayor a la del consumo en todos los grupos analizados y, especialmente, en la cúspide de la pirámide de la riqueza. Esto señala que la responsabilidad climática viene determinada principalmente por la propiedad de activos y la asignación de capital.

“El concepto de deuda climática pone luz a la realidad del impacto de las emisiones asociadas a la riqueza extrema y a las propiedades financieras y estilos de vida intensivos en carbono”, según Clara Thompson, responsable sobre clima y justicia social de Greenpeace Internacional.

Thompson añadió: “Durante décadas, la cuestión de la responsabilidad climática ha sido un tema de debate entre países, mientras que el papel que los ultrarricos juegan en la crisis climática ha recibido mucha menos atención. Las políticas climáticas actuales han ignorado este aspecto hasta ahora”.

“Ser propietario de una empresa altamente contaminante, recibir dividendos de una petrolera o moverse en jet privado o yate sale casi fiscalmente gratis en la mayoría de países”, apostilló.

IMPUESTO

Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace España y Portugal, indicó que “gravar a los multimillonarios por el impacto real de sus inversiones fósiles y sus estilos de vida altamente contaminantes no es una medida radical”.

García Paret agregó que se trata de “un paso justo y necesario para una acción climática más justa e integral y un medio de disponer de los recursos necesarios para mejorar el transporte público, tener viviendas dignas y sostenibles, comer sano, salvar el campo y proteger los ecosistemas de los que dependemos”.

El informe sugiere que la deuda climática del 0,01 % más rico del mundo sería de una magnitud similar a las necesidades actuales de financiación climática en el ámbito mundial.

Sin embargo, también señala que la deuda climática no se plantea como una obligación fiscal directa ni fija tipos impositivos. Su propósito es servir de referencia para un futuro marco normativo que vincule la responsabilidad por los daños climáticos de las emisiones de los más ricos con una fiscalidad más justa.

El estudio recuerda que el marco actual de las políticas climáticas se centra principalmente en las emisiones derivadas de la producción y el consumo, mientras que pasan por alto en gran medida las emisiones vinculadas a la propiedad de la riqueza, los activos financieros y las carteras de inversión de los ultrarricos.

Por ello, Greenpeace aboga por una implicación de los gobiernos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, como plataforma global clave para luchar contra la elusión fiscal y los flujos ilícitos, asegurar la asignación de derechos impositivos y la distribución equitativa de ingresos entre países, y hacer que las empresas más contaminantes y los ultrarricos paguen al nivel de su responsabilidad.