Así lo demandó en un comunicado emitido coincidiendo con la conmemoración, este domingo, del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que la entidad aprovechó para “visibilizar” la situación de la población reclusa con drogodependencias y otras adicciones y exigir “un mayor compromiso público y político con estas personas”.

La red, que representa a más de 200 entidades en toda España, alegó que se trata de una población “muy vulnerable”, ya que, además de por las adicciones, a su juicio, está “marcada” por los contextos de pobreza, las “carencias” educativas, la exclusión social, las violencias sufridas a lo largo de la vida -especialmente en las mujeres-.

FONDOS INSUFICIENTES

A la luz de los resultados de dicha investigación, la entidad concluyó que los fondos públicos destinados a la atención de la población penitenciaria “siguen siendo insuficientes, pese a que cada año aumenten ligeramente estas partidas presupuestarias”.

Entre las demandas de dicha población, subrayó la necesidad de contar con más personal sanitario y una “mayor frecuencia” en las atenciones y de reducir la “excesiva medicalización” en las prisiones, lugar que consideró “no idóneo” para llevar a cabo el tratamiento de las adicciones.

De acuerdo con los datos manejados por UNAD, tanto en las mujeres como en los hombres que se encuentran en las cárceles españolas existen antecedentes familiares de consumos “problemáticos” de sustancias y la “necesidad” de una atención “integral”. También se "evidencia" en que uno de cada cuatro hombres y una de cada tres mujeres en prisión tiene alguna enfermedad mental diagnosticada.

CONSECUENCIAS DE LAS VIOLENCIAS

En paralelo, la red juzgó “vital” atender también las consecuencias de las distintas violencias sufridas por estas personas, teniendo en cuenta que el 45% de los encuestados en el marco del estudio ha sufrido alguna vez malos tratos físicos, cifra que aumenta en el caso de las mujeres hasta el 74,8%.

Por otro lado, el 53,8% de los encuestados para el estudio ha sufrido malos tratos psicológicos (45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres) mientras un 15,7% reconoció haber sufrido abusos o agresiones sexuales (el 6,6% de los hombres y el 45,3% de las mujeres).

Asimismo, antes de ingresar en prisión, el 30% se encuentra en situación de desempleo, una cifra que crece hasta el 35% en el caso de las mujeres frente al 28% de los hombres, y una de cada seis mujeres y uno de cada nueve hombres no tienen dónde vivir una vez cumplan sus condenas.

En este contexto, UNAD instó a “poner fin a la invisibilización de la población con adicciones”, encarcelada en la “mayoría” de los casos por delitos contra el patrimonio y la salud pública. Insistió en la “urgencia” de “garantizar el derecho a la salud” de las personas privadas de libertad mediante “más recursos personales, sanitarios y psicosociales” con el objetivo de “equiparar su atención a la del resto de la sociedad”.