Y llegan con las encuestas, en cierto modo, a su favor, pues en su mayoría no reducen su representación, mientras que otras les otorgan más, como la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que a finales de noviembre aseguraba que obtendrían entre 6 y 7 representantes. En contra, la dificultad de facilitar un cambio en el Gobierno autonómico, ya que la suma con el PSOE, a día de hoy, parece no ser suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. Eso sí, mantienen la confianza en que su candidata, Irene de Miguel, reciba el voto de muchos descontentos con los socialistas y supere el techo de seis escaños que consiguió Podemos en 2015, cuando la formación morada concurrió en solitario.

Con estos datos se presentan al 21-D, pero también con un programa de 191 páginas y 850 medidas con las que renuevan su “propuesta de Gobierno con los mismos retos de hace dos años”, los cuales, aseguran, están “intactos” y “sin resolver”. Es, a modo de resumen, el “balance triste” que hacen tras “un Gobierno breve de las derechas”. En cinco grandes bloques dividen sus propuestas para una Extremadura que “merece más”, ya sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia.

MODELO PRODUCTIVO

Así, en el primer bloque bautizado como “La Extremadura del futuro y las oportunidades”, incluyen 188 medidas que se centran en el “agotamiento del modelo productivo actual”, poniendo el acento en la importancia de crear industrias, apoyar el emprendimiento y retener el talento. “La prioridad debe ser apoyar a nuestro tejido industrial y defender un modelo que ponga la calidad en el empleo como centro de la política”, defienden.

Entre otros, proponen un plan de desarrollo industrial “que se centre en actividades de alto valor añadido” sobre productos generados por el sector primario, el textil, los materiales de construcción, la energía, el impulso de la rehabilitación de viviendas y el reciclaje. O la creación del Ente Público de Crédito de Extremadura, para la financiación del conjunto del sector productivo extremeño, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, las empresas de economía social o los emprendedores.

También plantean aquí la “transformación local de los recursos propios en los mismos lugares donde se generan”, impulsando “obradores comunitarios” o “mataderos locales” para “fijar población en el medio rural”. Y no se olvidan de elaborar una estrategia de apoyo a un sector clave: el del corcho extremeño.

Es en este apartado en el que abogan por exigir al Ministerio de Industria el diseño “inmediato” de un plan para el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz que incluya actuaciones de reindustrialización específica para las zonas de influencia. Y proponen recuperar la gestión pública de todas las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones de carácter privado caduquen.

Muchas de las propuestas de este bloque se centran en la agricultura y la ganadería, destacando que “el campo está en pie de guerra”. Aquí plantean, entre otras medidas, una “renta básica agraria” equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para jóvenes, con la idea de garantizar el relevo intergeneracional; una ayuda complementaria para mujeres agricultoras o la creación de una “central de compras” participada por el Ejecutivo regional para apoyar a los productores autóctonos. También potenciarán la investigación para la “progresiva transformación de la industria tabaquera extremeña en industria productora-transformadora del cáñamo y otros cultivos alternativos”.

En cuanto al turismo, abogan por impulsar el gastronómico ecológico, el rural y el agroturístico y fijar una estrategia para crear empleo joven en este sector. Además de un plan para resolver la situación laboral de las camareras de piso.

FINANCIACIÓN JUSTA

En lo económico, anuncian una bajada de tipos a las rentas más bajas y subirlos para las más altas, además de nuevos impuestos para grandes tenedores de viviendas vacías o para el “acaparamientos de tierras de los fondos de inversión”. Además, defenderán un sistema de financiación autonómica “justa” que tenga en cuenta las “singularidades territoriales”.

En lo que se refiere al empleo, condicionarán las ayudas públicas a las empresas a la mejora de las condiciones laborales y salariales y pondrán en marcha un plan de empleo público dotado con 250 millones para crear 15.000 puestos de trabajo. Además, darán incentivos por la contratación de jóvenes.

En cuanto a los autónomos, entre otras medidas, darán ayudas a los que ingresen menos que el SMI.

En el segundo bloque, “Extremadura para vivir en ella”, incluyen 51 medidas relacionadas con la vivienda, la política territorial y la despoblación. Entre ellas, la promoción en la legislatura de al menos 5.000 viviendas de Protección Oficial o el refuerzo de las ayudas para que “ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a vivienda”.

RENTA RURAL

También plantean, contra la despoblación, una “Renta rural” para favorecer “la instalación y fijación de nuevos vecinos” en zonas deshabitadas y apoyo a los comercios en municipios con menos de 1.000 habitantes.

“La Extremadura que cuida”, tercer bloque, se centra en los servicios públicos y los derechos sociales con 237 medidas, muchas de ellas relacionadas con la Sanidad, como destinar el 11% del PIB o un plan de refuerzo de la Atención Primaria y un impulso a la salud mental.

En Educación, proponen elevar al 7% del PIB la inversión, la creación de una red de centros de Educación Infantil y una defensa cerrada de la enseñanza pública, priorizando los fondos para esta. Además, defienden la implantación de una FP “adaptada” a la región y anuncian la elaboración de una Ley de Universidades para Extremadura, con la “gratuidad de los estudios universitarios”.

DISCAPACIDAD

Y no olvidan el apoyo a la dependencia, con 35 medidas que incluyen más fondos y medios, o la discapacidad. En este último punto proponen un plan de choque para reducir la espera en la valoración, el cumplimiento de la accesibilidad universal en todos los entornos o la reserva de al menos un 6 % de los contratos públicos.

El cuarto bloque de su programa, con 288 medidas, se centra en los derechos para “avanzar en igualdad”, con especial énfasis en las mujeres y la diversidad sexual. Garantía del derecho al aborto, educación sexual integral obligatoria, aplicar “criterios del urbanismo feminista en la planificación urbana” o reforzar los transportes públicos nocturnos son algunas de las medidas de este apartado. Añaden, además, la inclusión en la Ley LGTBI de Extremadura a las personas no binarias y asexuales o el impulso a los programas de formación y empleo para la población gitana.

También prometen la eliminación de los aforamientos, la protección y promoción de las lenguas nativas, como el estremeñu, y la implantación del “escaño de la ciudadanía”, para que cualquier ciudadano pueda preguntar a los miembros del Consejo de Gobierno.

Por último, defienden en el último bloque que “Extremadura no se vende”, centrándose en la defensa de sus recursos, como el agua o la energía, frente a los “grandes acaparadores de la tierra”.