Así se puso de manifiesto este viernes durante el XXI Aula de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizada por la Fundación Cermi Mujeres, centrada en el análisis de la aplicación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) desde una perspectiva de género y discapacidad.

A lo largo de la jornada, personas expertas coincidieron en alertar del “importante desfase” existente entre el marco legal y su implementación real, subrayando que la protección efectiva de la infancia con discapacidad sigue siendo una “asignatura pendiente” del sistema público. El Aula reclamó una “respuesta integral” basada en los derechos humanos, que tenga en cuenta las múltiples discriminaciones que atraviesan a las niñas y adolescentes con discapacidad.

El ponente principal, Jorge Cardona Llorens, advirtió de que la violencia contra la infancia “no es un fenómeno excepcional ni marginal”, sino que en muchos casos “está aceptada socialmente”. Cardona denunció la persistencia de una visión “adultocentrista” que considera a niños y niñas “casi como una propiedad sobre la que otros deciden”, y recordó que la intersección entre minoría de edad, género y discapacidad multiplica el riesgo de sufrir violencia. En este sentido, fue tajante al afirmar que “la protección no puede depender nunca del silencio de una niña” y que “si una ley, una política o un servicio no funciona para las niñas con discapacidad, entonces no funciona bien para nadie”.

Durante el panel de personas expertas, la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial Senante, puso el foco en la escasa difusión social de la Lopivi y en la falta de desarrollo efectivo de la norma. Según señaló, “más del 70% de los adolescentes no ha oído hablar nunca de la Lopivi” y “solo el 11% sabe cómo o a quién dirigirse para denunciar una situación de violencia”. Escorial subrayó que “una ley orgánica no se desarrolla solo a base de protocolos” y recordó que, hasta la fecha, solo dos comunidades autónomas han adaptado su legislación tras la aprobación de la ley.

Por su parte, la delegada de Infancia del Cermi, Ana Sastre Campo, alertó de que más del 70% de la infancia con discapacidad manifiesta “haber sufrido violencia física o psicológica”. En su intervención, insistió en que estas vulneraciones no son consecuencia de la discapacidad, sino de “un entorno que no garantiza derechos”: “Las situaciones de no ejercicio de derechos son consecuencia de las barreras existentes, no de las características personales”. Sastre advirtió además del riesgo de un vacío institucional que deja a la infancia con discapacidad “en tierra de nadie”, atrapada entre las políticas de infancia y las de discapacidad.

La responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children, Carmela del Moral Blasco, centró su intervención en el derecho de niños y niñas a ser escuchados, uno de los pilares de la Lopivi que, según denunció, sigue sin hacerse efectivo. “El gran fallo de la Lopivi está siendo su implementación; una ley sin recursos se queda en nada”, afirmó, señalando que la lógica “adultocentrista” continúa primando la rapidez y el control frente a la garantía real de derechos. También alertó del retroceso de principios básicos de derechos humanos en determinados discursos públicos.

El Aula estuvo moderado y dinamizado por Sara de Torres Riveiro, quien recordó que la Lopivi “representa un hito normativo esencial”, pero advirtió de que las niñas y adolescentes con discapacidad afrontan “riesgos agravados de violencia”, exclusión y nuevas formas de vulneración, como la sobreexposición en redes sociales. “Los niños y las niñas son sujetos plenos de derechos, no propiedad de sus progenitores”, subrayó.