Según el dictamen de la comisión de Obras Públicas -que el PP mantendrá previsiblemente sin cambios, desoyendo las numerosas enmiendas que mantienen los grupos de la oposición-, la Xunta podrá imponer estas contribucones especiales "cuando de la ejecución de las obras que se realicen para la construcción de carreteras, accesos o vías de servicio resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque no se pueda fijar en una cantidad concreta".

En el mismo artículo del proyecto de ley (21) se especifica que el aumento de valor de determinados predios debido a la ejecución de obras de infraestructuras tendrá para estos efectos la consideración de "beneficio especial".

Serán sujeos pasivos de estas futuras contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las carreteras y, especialmente, "los titulares de predios y establecimientos contiguos y los de las urbanizaciones que resulten mejoradas en su comunicación".

La base imponible de estas contribuciones especiales se fijará partiendo de un porcentaje del coste total de las obras, que será más elevado en las vías de servicio que para las de carácter general. El importe total de las contribuciones especiales s repartirá entre los sujetos beneficiados en función de la superficie de predios mejorados, la proximidad a las vías construidas o las bases imponibles que las fincas tengan en las contribuciones territoriales.

El proyecto de ley de carreteras de Galicia prevé la creación de una empresa pública, en forma de sociedad mercantil, que se ocupará de proyectar, gestionar la construcción y, si es el caso, conservar las obras de infraestructura viaria por cuenta de la comunidad autónoma.

La futura ley fia la distancia que habrá que respetar para la edificación en las cercanías de las carreteras autonómicas, que oscilará entre 7 y 30 metros, según se trate de vías secundarias o autopistas o autovías.

Por otro lado, este texto legal, que lleva cuatro años a la espera de ser aprobado por la Cámara gallega, establece sanciones que oscilan entre 25.000 pesetas y 25 millones para infracciones como construir en zona restringida o causar despoerfectos en la señalización.