“La propuesta inicial constitucional era una triste particularidad española y que no era acomodada a las denominaciones que ya teníamos en las constituciones de nuestro entorno. Lo que hacemos ahora es normalizar esta situación”, justificó Díaz en declaraciones a Servimedia con motivo del nacimiento del periódico digital sobre discapacidad 'Discamedia.es' que ha lanzado esta agencia de noticias.

“La redacción anterior reforzaba la idea de inferioridad de las personas con discapacidad, porque hablaba de amparar y cuidar a esas personas. Y justamente, de alguna manera, lo que hacía era incidir en esa inferioridad”, razonó la vicepresidenta. “Ahora lo que hacemos es reforzar la autonomía y sobre todo el ejercicio de las personas con discapacidad en plena igualdad. Y esto es lo que es realmente muy importante”.

Además, ya desde el punto de vista de su responsabilidad ministerial, Díaz agregó que “para el Ministerio de Trabajo y Economía Social este cambio es clave porque va en la línea de todas las políticas de integración que estamos desarrollando, con una integración que es plena y con derechos. No sólo semánticamente las normas que hacemos, sino que hemos cambiado toda la política de la discapacidad para que la integración de las personas con discapacidad sea plena en el mundo del trabajo”.

“Así”, detalló, “hemos expulsado por ejemplo todas las fórmulas contractuales de integración basadas en contratos baratos. Ahora el cambio es global y lo que estamos haciendo en el Ministerio es justamente que estas personas tienen idénticos derechos al resto de los trabajadores, y no tienen que ser especialidades que sean contratos más baratos, más flexibles o de peor calidad”.

“También es importante”, remató la vicepresidenta, de nuevo desde una perspectiva global, “que se refuerza el peso que este colectivo tiene en el diseño constitucional y, por supuesto las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad”.

POSICIONES DE LOS PARTIDOS

El PSOE y el PP acordaron el pasado miércoles la “necesidad” de suprimir de la Constitución el término “disminuidos” y se emplazaron a volver a reunirse “en los próximos días” y pactar un texto de reforma de la Carta Magna que se limite al artículo 49, sin dar lugar a que otros grupos parlamentarios aprovechen que se abre el melón para introducir demandas de otra índole.

Vox, según indicaron a Servimedia fuentes de la tercera fuerza de la Cámara, también apoya la sustitución del término "disminuidos" y no dejar la puerta abierta a que "los enemigos de España" puedan introducir otras modificaciones. Eso sí, ha presentado enmiendas al nuevo redactado que lo limitan a incorporar la expresión "personas con discapacidad"; suprimen, por verlas improcedentes en la Constitución, las referencias a que "se atenderán particularmente las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, a los tratados internacionales y al mundo asociativo.

También Unidas Podemos y EH Bildu están de acuerdo con este planteamiento y no presentarán enmiendas de carácter político a la proposición de reforma de la Constitución, según indicaron a Servimedia fuentes parlamentarias. En Podemos explican que así se lo han pedido las asociaciones del mundo de la discapacidad y confían en que por fin se suprima el término ‘disminuidos’ “si el PP ahora sí está por la labor”.

En Izquierda Unida sostienen que, pese a su deseo de un proceso constituyente, éste y la reforma del artículo 49 que siempre reclamó son, "por la importancia que IU otorga al mundo de la discapacidad, dos temas que se han tratado siempre por separado". Por su parte, el grupo abertzale recuerda que ya en 2021, en un debate parlamentario, ya calificó como "de sentido común" la eliminación de la palabra "disminuidos".

En cambio, el PNV lamenta que no se aproveche para acotar la inviolabilidad del jefe del Estado a los actos que realice en calidad de tal, sin extenderse a los de índole privada. Ésta es una de las enmiendas que ha presentado a la propuesta de reforma de la Constitución, junto a otras que reclaman la supresión del artículo 155, la introducción del derecho de autodeterminación pactado o la eliminación de la prerrogativa de suspensión de una norma autonómica cada vez que el Gobierno central la recurra al Tribunal Constitucional.

Desde el PDeCat señalaron que la modificación del artículo 49 "es algo muy necesario y largamente reivindicado", y apuntaron que comparten el espíritu de las enmiendas del PNV y probablemente las apoyará, aun a sabiendas de que "no tienen recorrido con las mayorías actuales". Junts per Catalunya, además, ha presentado otras para regular el derecho de gracia con la amnistía y el indulto y obligar a cesar a los vocales caducados del CGPJ y a rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas al Estado y el sector público.

Finalmente, Compromís, que también respalda la supresión de la palabra "disminuidos", ha aprovechado para intentar incluir una referencia de la Carta Magna al derecho civil valenciano.