El ministro desveló hoy en el Congreso que aunque Salanueva le presentó la dimisión en octubre de 1990, no se la aceptó hasta mayo de 1991, porque no lo consideraba "oportuno" dada la conflictividad laboral que se vivía en ese momento en el BOE.

Virgilio Zapatero compareció a petición propia en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja, para explicar las medidas adoptadas por su departamento ante el presunto fraude de mil millones de pesetas detectado en el BOE, reltivo a la adjudicación directa de papel prensa a tres empresas durante los años 1989, 1990 y parte de 1991.

La jueza de instrucción número 16 de Madrid investiga a tres ex altos cargos del BOE, entre ellos su ex directora general Carmen Salanueva, como presuntos implicados en el fraude.

Durante su comparecencia, Zapatero admitió punto por punto todas las informaciones aparecidas esta semana en los medios de comunicación respecto al "caso BOE" y aseguró que no informó antes al Parlamento para no ostruir la investigación judicial en curso.

En contra de la actitud exculpatoria que suelen adoptar los dirigentes socialistas cuando estalla algún caso de corrupción, el ministro de Relaciones con las Cortes transmitió con énfasis su deseo de afrontar el caso y no dudó en criticar duramamente, en varias ocasiones, a Carmen Salanueva.

Sin embargo, la declaración del ministro más significativa, y la que causó mayor estupor en la oposición, fue la que se refería al cese de la ex directora general coo máxima responsable del BOE.

Zapatero aseguró que ésta le presentó la dimisión por la fuerte conflictividad laboral que se respiraba a finales de 1990 en el BOE y también por las acusaciones que había recibido tras un viaje que hizo por varios países de Europa para comprar una rotativa que finalmente se adquirió en Pinto (Madrid).

"Entendí que no era el mejor momento para aceptar la dimisión, porque aunque me había negado las acusaciones, se estaba en plena negociación del convenio colectivo en l BOE", dijo Zapatero.

El ministro añadió que aunque en febrero de 1991 se había firmado el convenio, el cese se dilató porque se reanudó nuevamente el conflicto laboral que en marzo desembocó en una huelga. Finalmente, el cese se produjo en mayo.

Los portavoces del Partido Popular e Izquierda Unida se preguntaron por qué el ministro demoró tanto tiempo el cese de Carmen Salanueva, si como él mismo reconoció en su intervención inicial era palpable "la quiebra de la paz laboral y el permanente cuetionamiento en el Congreso de la transparencia de la gestión del BOE".

Virgilio Zapatero explicó durante su comparecencia la actuación seguida por su departamento desde que se detectaron los primeros indicios sobre irregularidades en la adjudicación directa a tres empresas del papel prensa que adquiere el BOE.

Informó sobre los pasos dados para el relevo del equipo dirigente del BOE, la solicitud a la Intervención General del Estado para que abriera una auditoría especial y la apertura de la caus judicial iniciada en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid.

EMPRESAS SIN IMPLANTACION

Zapatero leyó la conclusión del informe definitivo elaborado por la Intervención del Estado, en la que se señala que de las operaciones de adquisición de papel investigadas se constatan "irregularidades administrativas y severos errores en términos de eficiencia económica".

"Adjudicaciones directas, expedientes con prescripciones 'ad hoc', empresas sin implantación en el mercado, disparidad entre los recios de adjudicación y los precios de mercado", son otras de las consideraciones que hacía la Intervención del Estado.

El informe aconsejaba la investigación por vía judicial, "por si además de las irregularidades administrativas denunciadas pudieran detectarse conductas de mayor gravedad".

La exposición por el ministro del precio que pagó el BOE por el papel prensa en aquellas fechas en comparación con el que pagaron de media varios periódicos nacionales y el que pagó la dirección del BOE postrior pusieron de manifiesto la magnitud de las irregularidades cometidas.

Así, mientras el BOE pagó 142,8 pesetas el kilo en 1991, los periódicos pagaron 91 pesetas y la dirección posterior 81 pesetas. Fuentes próximas a la investigación judicial han evaluado el alcance del fraude en 1.010 millones de pesetas.

El titular de Relaciones con las Cortes aseguró que su departamento presumió la existencia de posibles irregularidades por la adjudicación directa de las compras, "no por el precio pagado pr el papel, ya que eso es difícil de cuantificar si no se es profesional".

"Ahora habrá que ver si el precio muy superior pagado se derivó de una actitud negligente o se debe a causas más graves. Lo primero es evidente. Lo segundo no lo podemos precisar porque esa depuración compete a la Administración de Justicia", afirmó el ministro.

Zapatero agradeció públicamente la colaboración que ha encontrado en los sindicatos representantes de los trabajadores del BOE, que pese a ser conocedores de la inestigación no habían dado a conocer ésta a la opinión pública para no interferir la acción de los tribunales.

El ministro aseguró que no está dispuesto "a tolerar más comportamientos reprobables" y "por eso he dado instrucciones a la nueva directora general (Beatriz Martín del Moral) que me tiene que asegurar que el BOE funciona con total transparencia".

LAXITUD

Los portavoces de la oposición coincidieron en felicitarse por la prontitud con que el ministro de Relaciones con las Cortes ha comparcido en el Congreso y por las iniciativas adoptadas para acabar con el fraude en el BOE.

No obstante, se quejaron de la "escasa celeridad", en palabras del portavoz de IU, José Luis Núñez, con que a su entender procedió el ministro. Para Izquierda Unida, el plazo transcurrido entre octubre de 1990 y mayo de 1991, fecha en que se produce el cese de Carmen Salanueva, es "excesivo".

La oposición también lamentó que el Gobierno no haya informado al Parlamento de la investigación judicial abierta, de a que ha tenido que enterarse por los medios de comunicación.

Zapatero respondió favorablemente a las demandas coincidentes para que a partir de ahora el ministro informe a las Cámaras con puntualidad de la evolución del "caso BOE".

Gabriel Cisneros, representante del PP, denunció la "cierta laxitud" que a su juicio ha cometido el ministro en su obligación de "vigilar al BOE".

"La clase política está siendo puesta en su conjunto bajo sospecha, y cuando se detecta una práctica que roza la corupción, hay que depurarla rápida e implacablemente", dijo el portavoz del PP.

Cisneros recordó que después de ser destituida, la ex directora general del BOE implicada en el supuesto fraude pasó a ocupar una vocalía en el Patrimonio Nacional, lo cual, agregó, demuestra que el celo del Gobierno en erradicar a los corruptos es escaso.

"Felipe González acusó a la oposición de querer volver al 'interventor' del manguito: si éstos existieran, lo del BOE no habría pasado", subrayó el diputado del PP, a referirse a la decisión del Gobierno de acabar con el control previo de la Intervención General sobre las compras que realiza el Estado.

El ministro le respondió en el turno de réplica en los siguientes términos: "Podemos tejer la más tupida red de controles y no podremos garantizar que determinadas personas puedan encontrar resquicios para cometer irregularidades. La naturaleza humana es más poderosa, a veces, que las leyes".

Virgilio Zapatero añadió que la actual legislación es válida si la apican personas "escrupulosas", como demuestra el hecho de que la nueva dirección del BOE pagara un precio muy inferior por el papel prensa al del equipo anterior.

El portavoz del PSOE, Victorino Mayoral, fue más allá que el ministro y dijo que "nadie va a superar a los socialistas en el celo que ponen en la transparencia de la vida pública".