Así se puso de manifiesto durante la presentación este miércoles el ‘Libro Blanco sobre la atención sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España’. Por ello, piden a los partidos políticos aparecer en sus agendas y programas electorales, aunque son conscientes de que la población reclusa con problemas de salud mental "no da votos ni gana elecciones, no son prioritarios", debido a su doble estigma: estar en prisión y padecer enfermedades mentales.

No obstante, los representantes de las dos sociedades científicas del ramo de la Psiquiatría Legal coincidieron en que ésta es una prioridad que no puede esperar más: "Es de justicia hacerlo, pero no hay sensibilidad. Existe un rechazo en la red de salud mental penitenciaria porque parece que hay una preferencia por los pacientes que o dan problemas, pero las personas reclusas también merecen atención mental. Y a todo ello se une la falta de profesionales".

De las 55.180 reclusos que hay en las cárceles españolas, hay 1.785 personas con necesidades altas de salud mental, según los especialistas en Psiquiatría Legal. "Su perfil es el de gente joven con trastorno psicótico, al que se añaden adicciones, que no tienen domicilio estable, con pobre o nulo seguimiento médico, pobre seguimiento del tratamiento y reincidentes en la comisión de delitos", explicó el doctor Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.

Añadió que para ese 70% de presos con trastorno mental grave que no han tenido un seguimiento de su trastorno mental antes de entrar en prisión, "el medio penitenciario constituye una oportunidad para el cuidado de su salud mental y la estabilización de los síntomas de su trastorno".

Se estima que entre cuatro y cinco de cada cien personas internas tienen un trastorno mental grave, aunque la cifra podría ser muy superior, ya que casi el 50% de las personas internas valoradas en la consulta de psiquiatría son diagnosticadas de un trastorno mental grave. Además, la tasa de suicidios en el medio penitenciario multiplica por ocho o por nueve la tasa de la población civil.

FALTA PERSONAL EN SALUD MENTAL

Otro problema es la ratio media estimada de médicos penitenciarios en la administración Central se sitúa en 5,2 por cada mil personas internas en España, muy por debajo de la ratio media europea, estimada por la Organización Mundial de la Salud en 8 por cada mil internos.

“Además, esta ratio tiende a disminuir, lo que se explica por una reducción del personal médico (por escasez de incentivos, envejecimiento de la plantilla y jubilación sin recambio generacional) comparativamente mayor al decrecimiento de la población penitenciaria”, aseguró el doctor Basanta.

No hay un horizonte profesional atractivo para los nuevos médicos de prisiones, según las sociedades científicas de Psiquiatría legal. "La mayoría de los centros no tienen psiquiatra en plantilla y los médicos de prisiones que van quedando, se tienen que ocupar del trastorno mental grave".

NO HAY EQUIDAD EN SALUD MENTAL

Estos datos "contrastan" con lo que ocurre en las comunidades que tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria, que son Cataluña, País Vasco y Navarra.

Según doctor Alfredo Calcedo-Barba, ex presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, aunque la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en los sistemas de salud de las comunidades autónomas debería haber ocurrido en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, dos décadas después sólo estas tres comunidades lo han hecho.

“La experiencia en España demuestra que la Administración penitenciaria no es la más idónea para proveer y gestionar la asistencia sanitaria de las personas judicializadas, y que esta situación deteriora la calidad de la asistencia sanitaria que reciben las personas judicializadas por la falta crónica de recursos, con muy escasa dotación de personal especializado, y la tendencia a regimentar, priorizando la seguridad sobre la salud”, lamentó Calcedo-Barba.

Según el expresidente de la SEPL, “se vulneran los principios de equidad, igualdad de oportunidad, arraigo y calidad asistencial que garantizan las leyes sanitarias españolas, vigentes tanto para las personas judicializadas en prisión como para las personas no judicializadas que están en libertad”.

Los expertos pidieron que las comunidades autónomas asuman sus competencias en sanidad penitenciaria. Abogaron por que la atención a la salud mental de las personas judicializadas con necesidades altas de cuidados psiquiátricos se realice en su propio entorno. Actualmente la necesidad de arraigo "queda comprometida en España" por la existencia de sólo dos recursos hospitalarios psiquiátricos penitenciarios (en Alicante y Sevilla), que acogen a los reclusos con enfermedad mental grave, y cuya atención sanitaria aún no está trasferida a las comunidades autónomas.