Al término de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, confirmó el anuncio hecho esta mañana por la alcaldesa, Manuela Carmena, de ese límite de 90 días que separará a las viviendas de uso residencial que se alquilen puntualmente de las que tendrán que registrarse como de uso terciario y solicitar la correspondiente licencia y someterse a las debidas inspecciones. Según sus cálculos, unos 1.200 pisos pedirán dicha licencia, que estará condicionada a criterios de evacuación y otras características de la vivienda.

Respecto al anuncio de Carmena, añadió que el plan regulará qué capacidad tienen los distritos para asumir alojamientos de tipo turístico, y que en el cómputo se incluirá a estos apartamentos además del resto de hoteles, hostales, pensiones y demás que ya están registrados como tales en la ciudad.

Calvo defendió la necesidad de poner “orden en una situación de desorden” derivada de que “cualquiera puede alquilar su vivienda y hacerlo sin un marco regulatorio al que someterse”, algo de lo que culpó a la Comunidad de Madrid, a la que a la vez instó a asumir sus competencias en materia de turismo.

El delegado se mostró dispuesto a alcanzar convenios con plataformas que gestionan un gran número de viviendas de alquiler a turistas, como Airbnb, pero advirtió de que “la regulación es para todos”. No quiso avanzar el precio de las licencias ni las sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento, aunque ya están previstas y cuantificadas, porque el plan tendrá que pasar por diversos trámites, comenzando este miércoles por la Comisión de Seguimiento de Interpretación del Plan General de Ordenación Urbana. Todo el trámite durará no más de tres meses, indicaron fuentes de Desarrollo Urbano Sostenible.