Así figura en el citado informe, que fue publicado este lunes y en el que el Defensor del Pueblo lamenta que no se haya producido esta reforma, teniendo en cuenta que ya en el informe del año anterior esta institución celebrara que la propuesta “parecía haber sido sustancialmente incorporada al programa político del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad” y “se expresaba la esperanza de que este problema fuese resuelto en la legislatura”.

“Un año después debe lamentarse que no haya sido así”, expresa el Defensor en el informe, que añade que, por lo tanto, “es preciso insistir en la procedencia y urgencia de esta reforma, para que pueda ser de aplicación en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán en la primavera de 2019”.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo incide en la necesidad de “atender al tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre las personas con discapacidad psíquica y de garantizar la dignidad de todas las personas y el disfrute y libertades sin discriminación”.

Por ello, solicitó a la Oficina de la Atención a la Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que se actualizara la ‘Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación’ que “había sido publicada hace 10 años”.

Sin embargo, añade que el Real Patronato sobre Discapacidad informó de que “era imposible acometer el objetivo marcado de redacción de una nueva guía”, como consecuencia de “la situación de desequilibrio financiero”. “Se ha informado de que es una prioridad para 2018”, concluye.

EL NUEVO BAREMO, “SIN AVANCES”

En el ámbito de la protección social de las personas con discapacidad, el Defensor del Pueblo critica que “no se han producido avances significativos en la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad”, el cual es “una pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas”.

Asimismo, incide en que “tampoco se ha avanzado en la aprobación reglamentaria de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, tal y como exige la disposición final tercera del Texto Refundido de Ley General de derechos de las personas con discapacidad”.

Por último, en cuanto a la educación, el Defensor del Pueblo detalla que formuló una recomendación al Ministerio de Educación para que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH pudiera beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Además, otra actuación destacada fue la recomendación para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad y esta institución también inició un expediente de oficio ante las universidades públicas para conocer si sus procedimientos de admisión para este tipo de estudios prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.