Bermúdez de Castro se pronunció en estos términos en su intervención en la comisión creada en el Senado para el seguimiento del artículo 155 y que dio luz verde a su aplicación en Cataluña.

Respecto a la eventual investidura esta tarde de Turull como presidente catalán, el secretario de Estado defendió que “quien aspire” a ostentar el máximo cargo de la Generalitat “debe estar libre de procesos judiciales”.

Para el ‘número dos’ de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Cataluña necesita “certeza y estabilidad” para crecer y prosperar económicamente. Por ello, cargó contra la última “maniobra” del presidente del Parlament, Roger Torrent, por la convocatoria de un Pleno extraordinario para la ‘investidura exprés’ de Turull.

Según Bermúdez de Castro, esta decisión “arbitraria” y que “obedece a intereses sectarios” es un paso más “en la estrategia independentista de confrontación con el Estado”. Advirtió al bloque independentista de que “no deben olvidar que el Estado democrático y de derecho ha dado sobradas muestras de su capacidad para defenderse”.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

En opinión del Gobierno, Torrent ha actuado “con una falta de transparencia incompatible con su cargo”, al “abusar de los procedimientos y de los derechos” que asisten a los grupos parlamentarios. “Esta estrategia va en contra de una gran parte de la sociedad catalana que no comparte su ideario”, aseveró.

“Cataluña ha sufrido mucho quebranto y no puede ser sometida al riesgo de la inhabilitación de su presidente. Sería un golpe muy duro para su estabilidad y su prestigio, y para la dignidad de sus instituciones”, sostuvo, al tiempo que advirtió de que el nuevo presidente no debería tener “procesos judiciales a sus espaldas” que “lastren” su actividad futura.

Incidió en que la ciudadanía está “pidiendo a gritos” que los políticos catalanas tengan “la altura de miras necesaria para representar a todos y no sólo a los suyos” y que, además, sean capaces de “devolver la dignidad” al Parlament de Cataluña. “La sociedad catalana necesita certeza”, remarcó.

Así las cosas, exigió al nuevo Ejecutivo catalán que cumpla con sus obligaciones de legalidad y transparencia en aras del interés general. Hasta que llegue ese momento, explicó Bermúdez de Castro, el Gobierno de Mariano Rajoy “va a seguir actuando con la misma lealtad” en esta comunidad autónoma por la vía del artículo 155.

"FORTALEZA DEMOCRÁTICA"

Bermúdez de Castro celebró que este precepto constitucional haya servido para demostrar internamente y en el ámbito internacional la “fortaleza democrática” de España frente a quienes invocan “falsas legitimidades para poner en riesgo el futuro colectivo” atentando “gravemente” contra el interés general. “Se ha comprobado que nadie está por encima de la legalidad”, agregó.

Consideró, por ende, que el 155 fue una medida “conveniente” con la que se ha “reactivado” la agenda social y económica de la Generalitat y se ha aportado estabilidad y seguridad jurídica. “No ha sido difícil dado el desgobierno que encontramos al llegar a esa casa (la Generalitat)”, manifestó.

Explicó que en los 147 días que lleva en vigor el 155 los servicios básicos y los sectores más vulnerables han sido “las prioridades” en la gestión. En estos casi cinco meses, y tras 21 Consejos de Ministros relativos a Cataluña, se han aprobado 181 acuerdos con los que el Gobierno ha efectuado pagos por importe de 8.000 millones de euros, de los cuales más de 2.000 han sido destinados a proveedores y 1.100 a entidades locales.

ESTADO "FORTALECIDO"

Pese a que el 155 “está empezando a marcar tendencias que son al menos alentadoras”, admitió que la situación en Cataluña es “todavía precaria”. Precisamente, opinó que este debería ser el argumento más importante para la formación de un Gobierno que respete la legalidad y genere la estabilidad necesaria para apuntalar el crecimiento.

Adujo que la decisión de aplicar el 155 fue “acertada y proporcional a la crisis provocada por los independentistas”, ya que el Estado de derecho ha salido “fortalecido”. En su opinión, Cataluña “ha resistido al espectáculo” de los independentistas tras las elecciones del 21 de diciembre por la “estabilidad” que ha provocado del Gobierno.

“No pueden volver al punto de partida, sus engaños están al descubierto, no pueden transitar por la misma ruta”, insistió Bermúdez de Castro, escudándose en que el camino que proponen las fuerzas secesionistas “no lleva a la independencia, sino a la más absoluta ruina”.

Todo ello le llevó a sentenciar que el próximo Gobierno de la Generalitat ha de “acatar” la legalidad constitucional y estatuaria, además de “defenderla”. “El Gobierno de la Nación ha cumplido con sus obligaciones y no tengan ninguna duda de que va a seguir haciéndolo”, remachó el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.