En estos términos se pronunció el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en la mesa ‘Una justicia que protege a las personas vulnerables: propuestas para una sociedad comprometida’, celebrada en el marco de un curso de verano en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), titulado ‘Una justicia de futuro’.

Pérez Bueno comenzó su intervención repasando “la exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad, con dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales”, pese a suponer unos cuatro millones de personas en España. Según explicó, esta discriminación la sufren de manera agravada las mujeres y niñas con discapacidad.

Para revertir esta situación, solicitó “sentar como principio rector que las políticas públicas, la acción y las prácticas, en el ámbito de la justicia en relación con las personas con discapacidad, se revisen y se ajusten a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país desde 2008”.

En concreto, el presidente del Cermi planteó la necesidad de aprobar una carta de derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia que tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Del mismo modo, pidió promover el impulso de una sensibilización y formación adecuadas por parte de los operadores jurídicos para que puedan atender a la discapacidad.

Además, Pérez Bueno volvió a reclamar la creación de una fiscalía especializada en discapacidad, próxima a la ciudadanía, cuya creación ya fue confirmada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en la Asamblea de Representantes del Cermi el pasado mes de junio. Asimismo, solicitó la puesta en marcha de Servicios de Orientación Jurídica por parte de los colegios profesionales con intervención en la Administración de Justicia (Abogacía, Procuradoría, Notarías y registros, Graduado Social, etc.).

DELITOS DE ODIO

Igualmente, urgió a reforzar la lucha contra los delitos de odio por razón de discapacidad; a poner en marcha todas las medidas previstas en el Estatuto de la Víctima para las personas con discapacidad; el establecimiento de protocolos estrictos para acreditar con solvencia la imputabilidad o inimputablidad de personas con discapacidad que cometan delitos o faltas, y el estudio en profundidad de la situación de los reclusos con discapacidad.

Por otro lado, hizo un llamamiento para que se eliminen las barreras que impiden el acceso en igualdad de condiciones a la justicia a las mujeres y niñas con discapacidad, con especial atención a las víctimas de la violencia machista con discapacidad.

También reclamó la implantación de un cauce procesal específico, a modo de interdicto, que dé respuesta pronta y eficaz a las vulneraciones de derechos de contenido prestacional, que al no tener carácter de derecho fundamental en la Constitución española está en situación de debilidad protectora.

“La discapacidad como diversidad humana que enriquece a la comunidad solo puede alcanzar su plenitud si existe una política pública y una acción legislativa exigente en clave de derechos humanos, inclusión y bienestar que permita liberar, para el bien colectivo y la mejora social, el enorme potencial de estas personas retenido por los obstáculos y barreras de un entorno todavía hostil y reticente. Esto es especialmente reseñable a propósito del bien social básico de la justicia”, concluyó el presidente del Cermi.