Como cada año, el ministerio público insiste en la necesaria observancia de los principios de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, cuyo instrumento de ratificación por España fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 21 de abril de 2008, en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

En virtud de esta norma, la Fiscalía asume la interposición de un elevado número de demandas de modificación de la capacidad de las personas, dando cumplimiento a la función atribuida al Fiscal por la Constitución y por el Estatuto Orgánico.

Cada vez más, la Fiscalía asume labores de información en relación con las medidas a adoptar en protección de personas con discapacidad e incluso de personas con capacidad modificada legalmente que solicitan información respecto a posible reintegración de su capacidad o en remoción de sus tutores.

En este sentido, el ministerio público reclama medios para que los poderes públicos puedan asumir las obligaciones y deberes que el Código Civil le atribuye al asumir las responsabilidades como tutores, en ausencia de parientes idóneos para ejercer la tutela. La falta de medios, dice la Memoria, “actúa en detrimento de una calidad exigible a los poderes públicos”.

La Fiscalía reclama también que se le proporcione apoyo técnico para evitar irregularidades en la gestión de grandes patrimonios cuya envergadura o sofisticación lo recomienden, y para asesorarse sobre la conveniencia y viabilidad de determinadas autorizaciones judiciales que desde el punto de vista patrimonial y fiscal puedan ser especialmente complejas.

Son varias las ocasiones en que Fiscalía que ha tenido que atender a familiares porque los tutores les impiden la relación con las personas con discapacidad que tutelan de manera injustificada. Por ello, el ministerio público pide la regulación legal del derecho de relación de las personas con capacidad modificada con sus parientes y allegados, de conformidad con el artículo 23 de la Convención.

En esta línea propone, como se ha hecho en Valencia, que se arbitre un medio por el que derivar estos supuestos a mediación con el objetivo de normalizar las relaciones familiares y no privar a las personas con discapacidad de la comunicación con personas de su entorno familiar o social.

Además, la Fiscalía resalta las dificultades que plantea la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento a pie de calle. Se trata de las normas que regulan los internamientos no voluntarios en Unidades de Psiquiatría de Centros Hospitalarios como los ingresos no voluntarios en residencias.