Pérez pedirá en su iniciativa el “retraso” de la entrada en vigor de la ordenanza de movilidad y el Protocolo Anticontaminación de Carmena “hasta que no se haya consensuado con la Comunidad de Madrid, la Administración del Estado y los municipios y sectores sociales afectados”.

El PP de Alcorcón cuenta con 10 de los 27 concejales del Consistorio de Alcorcón, con lo que necesita de los 4 ediles de Ciudadanos para sacar adelante esta iniciativa. En cuanto a otros partidos, en el Pleno de esta institución el PSOE tiene 7 ediles, Ganar Alcorcón 5 e IUCM-LV 1.

Estos concejales deberán votar mañana si apoyan la proposición de Pérez que demanda, en su parte declarativa, “reprobar la política de movilidad arbitraria, improvisada, autoritaria e irresponsable del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, por considerar que perjudica gravemente a los derechos de los ciudadanos, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo”.

“DESPOTISMO E INTERVENCIONISMO”

Por este motivo, el alcalde de Alcorcón reclama que su Consistorio exija “la suspensión de la entrada en vigor de ‘Madrid Central’, así como el retraso en la puesta en marcha de la nueva Ordenanza de Movilidad, ampliando los plazos e informando más y mejor para que los ciudadanos puedan adaptarse a la misma”.

Pérez también quiere que Alcorcón estudie “las acciones legales necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a restricciones que perjudican como siempre a quienes menos posibilidades tienen de renovar su vehículo, obligándoles a modificar toda su organización vital”.

En esta línea, el alcalde explica en su proposición que “la movilidad urbana es una materia que incide directamente en la vida diaria de millones de ciudadanos en todo el mundo cuyos desplazamientos les permiten acudir a sus puestos de trabajo, centros de estudio, hospitales y al resto de actividades que conforman la vida de las grandes ciudades”.

Frente a esto, el primer edil sostiene que “la política de movilidad del Gobierno municipal de Ahora Madrid, apoyado por el PSOE” responde a “un plan deliberado para reducir el espacio destinado a la circulación de vehículos sin tener en cuanta si se trata de áreas ya saturadas o no”.

A su juicio, esta forma de actuar “es la manifestación más clara despotismo e intervencionismo, al pretender imponer cómo y cuándo deben ejercer los ciudadanos su libre derecho a circular y desplazarse, sin comprender sus necesidades ni consultar las medidas con vecinos y visitantes”.