Para lograr este objetivo, la plataforma representativa de la discapacidad espera de los grupos políticos que "mantengan el espíritu y la letra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la materia, respaldada por casi 740.000 firmas de ciudadanos españoles, que en estos momentos se encuentra en fase de debate e informe en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Cámara Baja", según indica el comité en una nota.

Una vez presentadas las enmiendas de los partidos políticos al texto de la ILP promovida por el Cermi en 2015, y que tres años después está siendo debatida por el Congreso, "se corre el riesgo de rebajar las demandas cívicas y mantener el copago confiscatorio en los servicios y prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, frustrando las expectativas de la gran movilización ciudadana que culminó con la llegada de la ILP al Parlamento".

Por ello, el Cermi ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que "hagan suyas y respeten las propuestas de cambio normativo en esta materia social surgidas de la propia ciudadanía, y aprueben una regulación estatal en lo relativo a participación en el coste que no desactive y anule el derecho subjetivo con copagos exorbitantes que expulsan a las personas en situación del dependencia del sistema que se creó para apoyarlas en el despliegue de su autonomía personal".