Así lo anunció este martes en el Senado la ministra del ramo, Isabel Celaá, en respuesta a la interpelación planteada por la senadora de Unidos-Podemos Pilar Lima. Según Celaá, su intención es "avanzar en este salto cualitativo" y convertir estos centros específicos en "centros especializados" que puedan ofrecer su experiencia y sus recursos para apoyar la escolarización de este alumnado en centros ordinarios.

Por este motivo, Educación ha firmado un convenio de colaboración con Portugal, donde la inclusión del alumnado con necesidades especiales es prácticamente del 100%, y con la organización Plena Inclusión, que agrupa a una gran mayoría de entidades de personas con discapacidad intelectual.

"Estamos estudiando el caso de Portugal, que por su proximidad geográfica y cultural puede resultarnos de gran utilidad", explicó Celaá, así como varias experiencias puestas en marcha en algunas comunidades autónomas.

Además, el ministerio trabaja en estrecha colaboración con los centros de educación especial, para aprovhechar el conocimiento y experiencia de sus profesionales y las mejores prácticas puestas en marcha.

Con todo, Celaá se mostró consciente de que "será un proceso muy costoso", pues no solo "hay que convertir los centros específicos en centros de recursos especializados, sino transformar los centros ordinarios en lugares que garanticen una educación de calidad a este alumnado". Ello implica formación del profesorado, nuevas metodologías y formas de evaluación, así como supresión de muchas barreras, afirmó.

DISTRIBUCIÓN

El 83% del alumnado con discapacidad y otras necesidades educativas especiales está escolarizado en centros ordinarios (el 75,5% en centros públicos y el 24,5 en centros concertados o privados). El 17% restante atiende a centros específicos, de los que un 58% son públicos y un 42% privados, concertados en su inmensa mayoría.

"Es, por tanto, evidente que la red pública es la que mayor esfuerzo realiza en la escolarización de estos alumnos", apuntó Celaá, con lo que "debemos garantizar todos los recursos de apoyo que sean necesarios a los centros sostenidos con fondos públicos".

LA NUEVA LEY

Sin embargo, la inclusión "supone un nuevo concepto" y, por eso, el anteproyecto de reforma de la Lomce incluye varias medidas para favorecer la inclusión de estos estudiantes.

Entre ellas, Celaá citó la mayor flexibilidad en las evaluaciones de final de etapa, para que los referentes de evaluación sean acordes a las adaptaciones curriculares de dichos alumnos y que, en cualquier caso, estas no les impidan obtener el título o pasar de curso; una mayor flexibilidad en el diseño curricular y en la metodología de estudio; la adaptación a las necesidades de estos alumnos en las pruebas de acceso a FP; la incorporación de un curso adicional en los programas de Formación Profesional Básica para estos alumnos, y la posibilidad de que las comunidades autónomas ofrezcan títulos de Formación Profesional Básica específicos para ellos.

Por su parte, la senadora Lima reclamó la derogación de la Lomce, que "tanto ha hecho por segregar al alumnado", y exigió que todos los estudiantes con discapacidad dispongan de los recursos de apoyo necesarios para asegurar una inclusión en centros públicos de calidad.