Bruselas detalló en su resolución que esa falta de actuación “supone una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza”.

Dicha decisión es consecuencia de un dictamen motivado enviado a las autoridades españolas en abril de 2016 después de que Bruselas abriera un procedimiento formal de infracción en 2014. El Ejecutivo recibió tal procedimiento el pasado mes de junio.

El Ministerio indicó en una nota que analizará la información proporcionada por la UE y buscará “la mejor sintonía y colaboración con el resto de administraciones para articular soluciones que garanticen la protección de un espacio natural de la importancia y singularidad de Doñana, en estricto cumplimiento con la legalidad vigente”.

A tal efecto, se encuentra intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno del parque con medidas como que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir eleve a la próxima a la Junta de Gobierno la declaración de las masas de agua subterránea en Doñana ”en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo”.

Esta acción, anunciada ya por la Confederación en diciembre, ayudará a tener mayor control de la gestión del agua subterránea y permitirá a dicha Confederación a modificar los volúmenes autorizados en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía.

Por otra parte, el ministerio indicó que Doñana se incluirá de forma relevante en el Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica, para garantizar que sea objeto de un análisis especial para garantizar una conservación y reveló que dio instrucciones en junio para intensificar las inspecciones en todas las confederaciones y se ha reforzado a tal efecto la coordinación con la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, la Junta de Andalucía, las empresas eléctricas, entidades conservacionistas y administraciones locales, para reforzar la lucha contra el uso ilegal del agua.

Durante 2018 efectuó casi 1.000 inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, la principal amenaza a los acuíferos, y se han levantado 328 actas de denuncia, según sus datos.