En el momento en el que el fiscal Jaime Moreno comenzó a preguntarle por el incumplimiento de los mandatos del TC, Turull sacó a relucir un listado de 25 sentencias del Tribunal Constitucional que no han sido cumplidas por el Estado español.

“Esto de ponerse el traje de constitucionalista penalmente es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del TC; yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por sus ideas; ya lo veo”, reprochó el que fuera también presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí en el Parlamento catalán.

En la parte del interrogatorio relativa al presunto delito de malversación de fondos públicos, el fiscal se interesó por saber si “se gastaron fondos públicos para el referéndum”, a lo que Turull respondió escuetamente: “No se gastó ni un euro en el referéndum”.

En relación a la Ley de Presupuestos aprobada el 28 de marzo, Turull explicó que existía una partida presupuestaria para "procesos electorales", pero no específicamente para sufragar el 1-O, aunque sí que "había una disposición adicional en que se expresaba el compromiso político para hacer el referéndum".

Sobre el uso de locales públicos como colegios electorales en la jornada del referéndum, el fiscal Moreno preguntó por el destino de locales públicos a ese fin. "Se destinaron a una actividad que no merece reproche penal", aseguró Turull, quien recordó que la legislación española ya despenalizó la convocatoria de referéndums.

A la pregunta de si el Gobierno catalán aprobó un acuerdo, a propuesta de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, para desarrollar la ley del referéndum en el que el Ejecutivo encargaba las "contrataciones para hacer efectiva la celebración del referéndum", que incluía aprovisionamiento del material electoral, elaboración del censo, comunicación a los ciudadanos de sus derechos, la elaboración de una página web y diversos servicios necesarios para la convocatoria, Turull puntualizó que “cuando hicimos esto, no estaba suspendido todavía el referéndum".

Ese fue el mismo argumento que esgrimió en respuesta a las preguntas sobre el envío de una carta a los alcaldes de Cataluña para pedirles que cedieran locales y facilitaran la celebración de la consulta. "Se envió una carta a todos los alcaldes, cuando el referéndum no estaba suspendido, para pedirles colaboración", admitió Turull.

En su defensa, el exconsller insistió en que “no es ninguna anormalidad intentar por la vía pacífica y democrática hacer aquello con lo que te has comprometido con los ciudadanos de Cataluña”, y reiteró que “no se nos podía denunciar por hacer un referéndum porque se despenalizó expresamente en 2005".

"Firmé el decreto de convocatoria del referéndum por compromiso con los ciudadanos de Cataluña. No tenía ninguna notificación del Tribunal Constitucional en aquel momento", por lo que "cuando firmamos el decreto no lo hacíamos conscientes de que hacíamos una ilegalidad. Entendíamos que la ley del referéndum aprobada por el Parlament tenía un encaje con la legalidad", explicó Turull.