Se trata de una iniciativa con carácter participativo en cuya elaboración colaboró el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la redacción del documento intervinieron también los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG e interlocutores sociales.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tanto la Estrategia como el real decreto por el que se aprueba el reglamento de adopciones internacionales, también aprobado este viernes, son medidas que “profundizan en la cohesión social, el impulso económico y la calidad de la democracia”, al tiempo que tienen como finalidad “blindar el Estado del bienestar”.

Carcedo comentó que España tiene tasas de desigualdad y pobreza más altas superiores a la media de la UE y que esta situación se concentra “especialmente” en niños, jóvenes y familias monomarentales (estas últimas son las que están a cargo de una mujer con hijos).

“La pobreza, especialmente la infantil, es una injusticia para quien la sufre, pero, además, supone una pérdida de talento y de potencial de crecimiento del país, y contribuye a perpetuar el círculo de la pobreza y de las desventajas”, añadió.

Carcedo comentó que la Estrategia Nacional se concentrará en “planes específicos anuales” que concretarán las medidas, “muchas” de las cuales están incluidas en los actuales Presupuestos Generales del Estado y otras en las cuentas estatales de 2019 rechazadas por el Parlamento.

CUATRO METAS

La Estrategia Nacional cuenta con cuatro metas principales, la primera de las cuales es combatir la falta de recursos para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Carcedo indicó que la medida “estrella” es el llamado ‘ingreso mínimo vital’ o sistema de ingresos mínimos, que es “una prioridad para el Gobierno”, que ha acordado incrementar la asignación por hijo a cargo de 291 a 341 euros anuales, cifra que se eleva a 588 euros si hay pobreza severa.

La segunda meta estratégica es la inversión social en las personas (con educación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y empleo a grupos vulnerables) y la tercera se refiere a consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las desigualdades.

En particular, uno de los objetivos de la Estrategia es que las personas puedan hacer frente al coste de la vivienda sin que éste condicione su vida y la satisfacción de sus necesidades más básicas. Carcedo comentó que en algunos casos esos costes son “excesivos”.

Además, se contribuirá a mejorar la situación de familias monomarentales, las personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria, que estén en situación de desempleo o que hayan agotado todas las prestaciones, así como las personas sin hogar.

La cuarta y última meta, relativa a la eficacia y eficiencia de las políticas, establece cinco objetivos: ordenación del sistema y coordinación de los servicios; políticas y prestaciones en favor de personas en situación de pobreza y exclusión social; coordinación y cooperación territorial y eficiencia del conjunto del sistema; colaboración y participación todos los actores implicados en las políticas de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, y crear sistemas coordinados y transparentes de gestión de la información y el conocimiento.

Por otro lado, La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) celebró a través de un comunicado la aprobación de la Estrategia después de haberla solicitado durante años.

“Ahora hay que dotarla de recursos e instrumentos suficientes para que llegue a las personas en situación de exclusión y tenga éxito”, advirtió el presidente de EAPN España, Carlos Susías, quien añadió: “Ponemos una primera piedra muy importante para todo el tercer sector y las administraciones públicas”.