Según explica el texto del pacto social, la adhesión a esta iniciativa supone asumir “el compromiso de eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas afectadas”.

Los avances en los tratamientos y en la atención sanitaria han convertido la infección por VIH en el mundo occidental en una enfermedad de curso crónico. Actualmente, la calidad y la esperanza de vida de las personas con VIH podrían equipararse a la de la población general.

“Sin embargo, los cambios en la percepción social del VIH han sido menos significativos. Sus vías de transmisión, sus implicaciones respecto a la perspectiva de género y su asociación”, señala el pacto.

Además, recoge que se considera discriminación, en relación con el VIH, cualquier situación que conduce a una distinción arbitraria entre las personas por razón de su estado de salud o su estado serológico respecto al VIH, confirmado o sospechado. La discriminación arbitraria puede ser el resultado de una acción o una omisión.

En este sentido, algunas personas con VIH han visto vulnerados algunos de sus derechos fundamentales debido a su enfermedad, como el acceso a seguros y prestaciones sociales, a oportunidades de trabajo o a la entrada como turistas o como trabajadores a determinados países. “Adoptar las medidas adecuadas para eliminar la discriminación hacia las personas con VIH y defender sus derechos es un reto fundamental en la respuesta a la epidemia”, apunta el acuerdo.

Con su adhesión, el Cermi indica que “ahonda en su compromiso con la inclusión social en todos los ámbitos de este grupo social y realiza un llamamiento para acabar con todas las formas de discriminación derivadas de prejuicios falsos e infundados, que ponen barreras al ejercicio de derechos fundamentales”.