En 2013 el juez Pablo Ruz acordó abrir una pieza separada del ‘caso Gürtel’. El juzgado requirió al PP la entrega de los dos ordenadores que utilizaba el extesorero para el volcado de la información, al entender que podían ser relevantes para la investigación de la contabilidad B reflejada en los ‘papeles de Bárcenas’. Según Bárcenas, contenían información relativa a la financiación opaca del partido, presupuestos de campañas electorales e informes sobre cuentas en Suiza, entre otros documentos.

Tras el sobreseimiento provisional en 2013 y su reapertura en 2016, la jueza Rosa María Freire, del Juzgado de Instrucción número 32, envío al banquillo a los cuatro acusados por entender que había indicios suficientes de que los ordenadores usados por Bárcenas habían sido destruidos “mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobre escritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, tal y como afirma el auto que, además, otorgaba importancia al relato “coherente, firme e incluso meticuloso” de Bárcenas.

Sin embargo, el propio Bárcenas retiró la acusación particular en 2016, pese a ello, durante su declaración como testigo reconoció que "si la ‘operación kitchen’ se hubiera conocido antes, no me habría retirado”. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y archivo de la causa ya que entiende que no hay indicios de criminalidad suficientes para sustentar la acusación y considera que la versión del extesorero es “inverosímil y contradictoria”. Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc ejercen la acusación popular. El juez rechazó en la primera sesión del juicio aplicar la ‘doctrina Botín’, que dejaría al PP fuera del banquillo de los acusados, al no haber acusación particular, y anunció que decidirá sobre este asunto en sentencia.

PENAS

Izquierda Unida es la acusación que pide condenas más severas. Solicita que el PP sea condenado a una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos, y para la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

El Observatori Desc, que modificó sus conclusiones provisionales, considera que el PP cometió dos delitos de daños informáticos, en lugar de uno, por lo que solicita la suspensión temporal de la actividad del partido durante un año, la prohibición de recibir donaciones por el periodo de 10 años y una multa de dos millones de euros. Para la extesorera del PP, por tanto, eleva la pena a cuatro años de cárcel por dos delitos de daños informáticos en concurso con el de encubrimiento; para el abogado interesa una condena de 3 años y 10 meses y para el informático pide una pena de 3 años y 8 meses por los mismos delitos. Por último, Adade mantiene la solicitud para el PP de una multa de 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito.

Antes de pronunciar el visto para sentencia, el juez Eduardo Muñoz Baena concedió a los acusados su derecho a la última palabra, sin embargo descartaron hacer uso de ella, por lo que el juicio, despues de cinco sesiones, quedó visto para sentencia.