Ciudadanos recordó que, durante la pasada legislatura, el conjunto de las fuerzas políticas aprobó proposiciones no de ley instando al Gobierno a que pusiera en marcha un plan nacional contra la dislexia en coordinación con las comunidades autónomas.

El grupo parlamentario quiere conocer si se han puesto en marcha las herramientas utilizadas actualmente por el Ministerio de Educación para detectar el alumnado con este trastorno, si se ha desarrollado un protocolo de detección e identificación de los indicadores de riesgo a lo largo de las diferentes etapas escolares y de qué información dispone el Ministerio sobre la incidencia y la prevalencia de este problema entre escolares.

Además, la formación naranja reclama que se desarrollen planes de trabajo individualizados para los alumnos con dislexia y otras DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje), que incluyan estrategias como fijar procedimientos que faciliten el aprendizaje escrito a partir del aprendizaje oral, prestar una atención individualizada al alumno diagnosticado de dislexia u otras DEA, llevar a cabo una adecuada coordinación entre los diferentes profesionales que atienden al alumno, compensar la información escrita con otro tipo de información complementaria de carácter audiovisual, adaptar los sistemas y criterios de evaluación de los alumnos con alguna DEA, o elaborar una guía que sirva de apoyo a los educadores con todo lo que se debe conocer sobre los diferentes trastornos.

La dislexia, de acuerdo con la Federación Española de Dislexia y otras DEA (Fedis), se estima que tiene una incidencia del 15% entre los españoles y tiene como consecuencia dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje. Los estudiantes con dislexia presentan un alto grado de dificultad de aprendizaje que, en muchas ocasiones, afecta directamente a sus resultados escolares sin que ello se corresponda con su capacidad intelectual, aptitudinal o actitudinal.

Ciudadanos recordó que el artículo 57, apartado 2, de la Lomce establece que las administraciones educativas deben asegurar los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todos los escolares.