La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), calificada como la ‘Constitución de los océanos’, fue aprobada en 1982, pero no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción de nacional de los países, de manera que casi dos tercios de las aguas oceánicas están desprotegidas.

Por tanto, el tratado que se negocia sería la mayor oportunidad para cambiar el rumbo del deterioro y la pérdida de diversidad en los océanos, después de que la primera ronda se iniciara el pasado mes de septiembre cuando entonces se había colocado en la agenda internacional la problemática de la proliferación de plásticos que acaban en los mares.

El océano es la mayor biosfera de la Tierra y un componente fundamental del sistema climático, en tanto que el alta mar presta servicios ecosistémicos esenciales para las zonas costeras y para el planeta en general, según la Alianza de Alta Mar, formada por más de 40 ONG ecologistas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Tras un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG) que comienza este lunes y se prolongará hasta el próximo 30 de agosto, es la tercera de una serie de cuatro sesiones de negociación que se desarrollarán hasta 2020 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, conocidas comúnmente como el alta mar.

El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales (es decir, el alta mar) y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios, como la generación de oxígeno y la regulación del clima.

Entre los temas que se discuten en las negociaciones figuran los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, entre los que se incluye el establecimiento de áreas de protección marina como las que existen en aguas territoriales de muchos Estados; el acceso a los recursos genéticos marinos; la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina, o la evaluación del impacto ambiental en aguas internacionales.

CRECEN LAS AMENAZAS

Esta cita se produce en un momento en el que las amenazas en mares y océanos son cada vez más preocupantes por la contaminación, y en particular la contaminación por plásticos y microplásticos, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos pesqueros y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los océanos, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica.

El futuro convenio es particularmente importante para España, un país con una gran tradición marítima y pesquera y cuyas aguas albergan la mayor biodiversidad marina de Europa, además de estar presentes en la práctica totalidad de los foros internacionales en los que se regulan hasta la fecha distintos aspectos marinos y marítimos.

En lo referente a la protección del medio marino, España es el segundo país de la UE en aguas marinas, sólo por detrás de Portugal, y alberga la mayor biodiversidad marina de Europa, ya que está en tres regiones biogeográficas con unas características muy diferenciadas: mediterránea, atlántica y macaronésica.

Además, España ya cumple con el objetivo del Convenio de Biodiversidad Biológica de proteger al menos el 10% de las aguas marinas, habiendo superado ya la cifra del 12% con la aprobación del área marina protegida del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo.

En los próximos años está previsto ampliar esta red de espacios marinos protegidos, partiendo siempre del mejor conocimiento científico disponible y aplicando un enfoque participativo en el que se incluyan todos los sectores y la sociedad civil en la gestión y protección de estos espacios.