En una nota, el Cermi también se hace eco de que Transparencia pide a la institución universitaria información "de todas las entidades, organismos y empresas de ellas dependientes". En concreto, la petición debe contemplar "expresión para cada uno de ellos del grado de accesibilidad de esas dependencias para personas con discapacidad, y con mención expresa de si cumplen o no, los requisitos legales y reglamentarios en materia de condiciones de accesibilidad universal".

Además, prosigue la nota, "la Complutense debe ofrecer al Cermi, según la resolución de este mismo Consejo, copia de la última auditoría o informes generales existentes sobre el grado de accesibilidad del patrimonio inmobiliario completo de la Universidad Complutense de Madrid, así como de sus entornos, productos y servicios".

El Cermi recordó también que la Complutense "tiene un mes" para trasladar toda esta información, "tras haber desatendido la petición originaria del Cermi, en virtud de la Ley de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, lo que forzó a la plataforma de la discapacidad a recurrir la inacción de la Universidad ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que da la razón legal a la entidad social".

Según sostiene en su nota, el Cermi solicitó toda esta documentación a la Complutense para comprobar la situación de accesibilidad "y sus estrategias y programas en marcha para cumplir los mandatos legales en esta materia, tras recibir numerosas quejas de miembros de la comunidad universitaria por ausencia de entornos universalmente accesibles".