De ellas, siete son de Galicia, cuatro de Andalucía, una de Aragón, una de País Vasco, una del Principado de Asturias, una de la Comunidad Valenciana, una de Extremadura, una de Castilla y León, una de Cataluña, y una de la Región de Murcia.

Un hecho que para la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), pone en valor normas que apuestan por la igualdad de oportunidades y la participación, como es el Real Decreto 422/2011, y dan muestra de cuáles son las necesidades reales de las personas sordas.

En su artículo 4, este real decreto por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, señala que las administraciones públicas proporcionarán a las personas sordas o con discapacidad auditiva que hayan sido designadas miembros de mesa electoral, y sean usuarias de la lengua de signos española o de la lengua de signos catalana, un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos durante la jornada electoral. Asimismo, esta norma también contempla el uso de ayudas técnicas si les fueran necesarias.

De este modo, y gracias a la estrecha colaboración entre el Ministerio del Interior y la CNSE, las personas sordas que el próximo domingo formen parte de una mesa electoral, han podido solicitar a la Junta Electoral de Zona este servicio gratuito de interpretación que prestará la red estatal de servicios de interpretación en lengua de signos del movimiento asociativo de la CNSE.

Esta red, con implantación en todas las comunidades autónomas, realizó durante 2018 más de 100.000 servicios de interpretación y videointerpretación en lengua de signos española y lengua de signos catalana dirigidos a garantizar la comunicación sin barreras de las personas sordas.