Sobre Griñán, al que el tribunal condena a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación, recuerda que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta entre 2009 y 2013, y considera que era “consciente” del uso irregular de las transferencias de financiación para pagar los ERE.

Ambos expresidentes estarían, según la sentencia, en el centro de la toma de las decisiones que permitieron establecer un mecanismo “opaco y arbitrario” al margen de la ley y de los controles para repartir fondos desviados del presupuesto público.

Manuel Chaves, que presidió la Junta durante 19 años, estaba en el cargo cuando se comenzaron a distribuir la ayudas a la reestructuración de empresas en los años 90 y la primera década del siglo XXI. Según la sentencia, el establecimiento de esas ayudas fue “una decisión del Gobierno en su conjunto". En consecuencia, el tribunal ve “lógico” que cualquier cambio en el modelo de estas subvenciones pasara “la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía".

La Audiencia de Sevilla desgrana el entramado por el que se institucionalizó este sistema irregular de ayudas. Asegura que el consejero de Empleo José Antonio Viera y el que fuera presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (después Agencia IDEA) Antonio Fernández, firmaron un convenio en virtud del cual pagaban las subvenciones con arreglo a las órdenes que recibían del director general del Trabajo Javier Guerrero.

Guerrero, dice la sentencia, no tenía competencias para tomar esas decisiones y, además, era “plenamente consciente de la palmaria ilegalidad” de sistema del que era pieza fundamental. Mediante un sistema totalmente “opaco”, las ayudas se autorizaban sin el control de la Intervención, ni de ningún otro organismo, convirtiéndose en un sistema arbitrario y discrecional.

En consecuencia, dice la sentencia, hubo en esos años una "absoluta falta de control" en la concesión de las subvenciones, tal y como buscaban los exresponsables de la Junta de Andalucía. El tribunal exculpa al que fuera responsable de la Intervención, al que hoy ha absuelto, por haber alertado en varias ocasiones de la irregularidad de un sistema que no facilitaba ayudas a los trabajadores incluidos en los ERE, sino a las empresas.