La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló ayer los autos de prisión de cuatro de los CDR al entender que hubo una deficiente instrucción de sus derechos durante su detención en septiembre.

Por ello el juez García Castellón se vio obligado a celebrar esta mañana una nueva vistilla para resolver si procedía o no mantenerles en prisión.

Tras ella, la resolución señala que concurren los requisitos que justifican la adopción de la medida cautelar más grave al existir, según el juez, "riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas".

El auto del magistrado explica que de la información obtenida y contrastada hasta el momento se ha podido constatar la existencia de una organización criminal “que cumple con las premisas consideradas como características esenciales de la criminalidad organizada”.

Por ello, permite al instructor investigar los hechos desde la perspectiva del artículo 573 del Código Penal y no como meros actos de desórdenes públicos.

Respecto a la falta de competencia del tribunal y la inexistencia del delito de terrorismo, que han alegado las defensas en la celebración de la vistilla, el juez explica en su escrito que "no se puede condicionar la calificación de los hechos como delito de terrorismo a una declaración previa de existencia, de manera indubitada y sólida de una banda terrorista".

El magistrado añade que "no puede admitirse el argumento esgrimido por la defensa de que no hay delito de terrorismo si no consta, de manera fehaciente, un clima de temor social a las acciones de una banda o grupo organizado que tenga atribuido de manera inequívoca el carácter de terrorista".

Según el juez, aceptar ese planteamiento supondría “el absurdo de hacer imposible la investigación de tales actos como susceptibles de calificación de terroristas”. García Castellón añade que esa instrucción judicial quedaría “en espera de que por resolución judicial o por otro modo aceptable para las defensas quedase acreditada la existencia de una organización de tal índole, entrando en una espiral que coartaría de antemano la posibilidad de llevar a efecto la instrucción de forma satisfactoria para sus fines, es decir, la averiguación de los hechos”.