El examen del candidato a fiscal general del Estado es preceptivo, pero no vinculante para el Ejecutivo que nombra a la persona que ocupará el cargo. El sector conservador del CGPJ no oculta su “profundo malestar” por este nombramiento, que interpretan como un intento de someter a la Fiscalía a los intereses del Gobierno.

El órgano de los jueces, con una veintena de miembros, debe emitir un informe de idoneidad que valore si la exministra cumple todos los requisitos formales para ocupar el cargo. Debe ser, además, jurista de reconocido prestigio.

En principio, Delgado encajaría en ese perfil idóneo. Las dudas de los sectores conservadores se centran en si será imparcial a la hora de ejercer el cargo, teniendo en cuenta que acaba de cesar como ministra de Justicia.

Se vote o no, lo que parece seguro es que el debate se va a acabar produciendo. El único precedente similar a este es el de Javier Moscoso que en 1986 pasó de ser ministro a ocupar el cargo de fiscal general.