Así lo pone de manifiesto el informe 'Perspectivas España 2020' que KPMG ha actualizado en las últimas semanas en colaboración con la CEOE, y donde el porcentaje de empresarios que califican la situación económica actual como buena o muy buena ha caído del 38 al 33% desde finales de 2019 a marzo, a raíz del brote del virus.

Aquellos otros empresarios que temen que la economía vaya a peor alcanza ya al 70% del colectivo, frente al 59% que lo esperaba en las entrevistas realizadas entre diciembre y enero.

Según el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en estos momentos “de crisis sanitaria”, las empresas tienen una prioridad clara: “la salvaguarda del bienestar y la seguridad de las personas trabajadoras”, aunque eso acabará pasando factura al negocio.

“Esto está llevando a tomar medidas drásticas de suspensión de la actividad en muchos casos, lo que está poniendo en una segunda derivada a muchos negocios al borde de la quiebra”, advirtió. Conseguir a su juicio que la crisis del Covid-19 “no trascienda a una nueva recesión y otra pérdida masiva de empleo depende de que actuemos rápido con medidas extraordinarias de flexibilización en muchos frentes”.

En este sentido indicó que desde CEOE se trabaja con el Gobierno y los sindicatos en dicha dirección y se mostró confiado en que “seremos capaces entre todos de mantener a salvo el ecosistema empresarial y la salud de los ciudadanos”.

El estudio, realizado entre 676 directivos y empresarios españoles de 25 sectores, revela que sólo un 47% de las empresas cuenta con un plan de contingencia ya en marcha y un 33% no ha elaborado un plan de continuidad, aunque prevé hacerlo. Sin embargo, dos de cada diez empresarios no lo tienen contemplado.

“Debido a la incertidumbre generada por el Covid-19 y su impacto en las perspectivas de crecimiento, es importante contemplar en los planes de continuidad tanto factores operativos como regulatorios y financieros”, aconsejó el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín.

A la hora de diseñarlos recomendó tener en consideración de forma prioritaria la continuidad de los procesos centrales de su negocio “en los diferentes escenarios potenciales”, el control de la tesorería, el mantenimiento de la cadena de suministro o, incluso, la gestión de recursos humanos.

Las encuestas a los directivos revelan que las empresas españolas anticipan ya, por tanto, el impacto del Covid-19 en sus principales magnitudes de negocio. Las expectativas de facturación y contratación han disminuido notablemente mientras que se moderan los plantes de inversión e internacionalización respecto a los expresados dos meses atrás.

Un 40% de los empresarios y directivos encuestados cree que su facturación crecerá a lo largo del año, lo que supone 18 puntos porcentuales menos a lo expresado entre diciembre y enero, cuando un 58% esperaba aumentar ventas. Se incrementa además del 18 al 29% el porcentaje de aquellos convencidos de que su facturación caerá.

UN 28% PREVÉ REDUCIR PLANTILLAS

En términos de empleo, un 28% está persuadido de que tendrá que reducir plantilla frente al 23% anterior y el porcentaje de los que prevén contratar a más gente desciende del 36% al 23%.

El número de los que planean aumentar su inversión este año cae del 42 al 33%; otro 22% proyecta disminuir dichos presupuestos y el 44% mantenerlos estables. Un 10% cree que reducirá su actividad internacional y cae del 34 al 25% el porcentaje de los que esperan aumentarla.

En cuanto a las medidas preventivas o para afrontar el impacto del Covid-19 en sus negocios, ocho de cada diez directivos aseguran que su empresa ha reforzado las medidas de higiene, un 76% está reduciendo los viajes de sus empleados y un 66% ha suspendido eventos, convenciones y otras reuniones numerosas.

Otro 63% confiesa haber implantado o incrementado el teletrabajo, mientras que las medidas menos utilizadas hasta la fecha son los expedientes de regulación de empleo temporal (Ertes), la detención de las operaciones en países de riesgo o la valoración de entrar en negocios oportunistas.

Entre las demandas al Gobierno para encarar la situación, la mayoría de empresas piden claridad en la comunicación, apoyo financiero para que los costes extras y tensiones de tesorería no pongan en riesgo su supervivencia, la flexibilización de la regulación laboral y las ayudas fiscales.