Ese informe ha desatado una auténtica tormenta política con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, como responsable de la policía judicial en Madrid, por "pérdida de la confianza" del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que se atribuye haberle pedido datos contenidos en ese documento destinado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

La magistrada investiga le denuncia de un particular contra el delegado del Gobierno por presunta prevaricación administrativa al haber permitido la celebración de manifestaciones multitudinarias cuando la pandemia era ya un hecho. El delegado José Manuel Franco está citado a declarar como imputado el próximo día 5 de junio.

La Guardia Civil fue la encargada de realizar el informe relativo a las concentraciones autorizadas en su función de policía judicial con la orden de informar en exclusiva a la jueza. En ese informe se especifica que se produjeron en Madrid un total de 77 concentraciones autorizadas entre el 5 y el 14 de marzo, mientras que otras 21 no se celebraron, algunas no fueron autorizadas pero otras fueron suspendidas por los convocantes.

La Delegación del Gobierno ha sostenido en todo momento que no recibió ninguna advertencia de las autoridades sanitarias sobre el riesgo de contagio del Covid-19 hasta el 14 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto del estado de alarma para atajar su propagación y evitar el colapso de los servicios sanitarios.

Pese a que el secretario general de la Delegación del Gobierno de Madrid, Fernando Talavera, aseguró que no le “consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por Covid-19”, a él también se le ha citado a declarar como testigo.

En el citado informe, se menciona que la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia el día 30 de enero, cuando en realidad en esa fecha sólo se decretó la alerta sanitaria y fue el 11 de marzo cuando se alertó por pandemia.

Según la investigación realizada por la Guardia Civil, varias de las concentraciones que fueron desconvocadas voluntariamente se cancelaron después de conversaciones con la Delegación del Gobierno de las que no ha quedado registro oficial, razón por la que la jueza requiere a Talavera para que remita antes del 1 de junio una “ampliación sobre en qué fechas se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y el cauce por el que se hicieron”, para comprobar si esas gestiones quedaron al margen del sistema de “gestión de concentraciones y manifestaciones” en el que todas las gestiones quedan registradas.

La jueza también pide al secretario general de la Delegación del Gobierno la documentación “que evidencie que se dejó constancia en el expediente administrativo (de las manifestaciones desconvocadas) y que avalen la afirmación de que todo queda registrado y archivado” y una explicación de los motivos en caso de que no existiera tal registro.

El informe también recoge datos ofrecidos por distintos medios de comunicación y menciona, por ejemplo, que las ministras que asistieron a la manifestación del 8-M portaban guantes de color morado. Hecho, que por otro lado, se repetía en relación a manifestaciones feministas de años anteriores.