En un comunicado, exigieron al Ejecutivo que "se replantee esta decisión y que tenga en cuenta que el alumnado con necesidades educativas especiales precisa de un refuerzo en los apoyos de cara al próximo curso, al tratarse de un colectivo vulnerable y uno de los más afectados por el confinamiento y el cierre de los colegios".

Demandaron que el reparto del fondo de 2.000 millones de euros para facilitar el regreso a las aulas el próximo curso se haga entre la escuela pública y la concertada, obedeciendo a criterios justos y en una proporción adecuada.

De este modo, se apoyaría "la labor de las organizaciones que gestionamos con un enorme esfuerzo cientos de centros donde estudian miles de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual o del desarrollo", reclamó.

Según la ONG, "hay que tener en cuenta que las plazas de los centros de educación especial están financiadas con fondos públicos y que requieren de la contribución de las administraciones para adaptar sus instalaciones y la enseñanza a las nuevas instrucciones del Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas".